Mas de cincuenta países en el mundo avanzaron en algún tipo de legalización del cannabis en su uso industrial o medicinal, cuyos referentes son Israel, Canadá y Estados Unidos, mientras que a nivel regional, Uruguay y Colombia son los pioneros, y Argentina ya cuenta con dos leyes para su regulación, la primera sancionada en el año 2017, además de la empresa Cannabis Conicet.
Mundo 11 de octubre de 2022
Sures Noticias
Un informe presentado en mayo de 2022 por el Ministerio de Desarrollo Productivo, indicó que en la actualidad son más de cincuenta los países que avanzaron en la regulación para legalizar el cannabis de uso industrial o medicinal.
A nivel global, "Israel, Canadá y Estados Unidos se posicionan como referentes, y en la región, Uruguay y Colombia, fueron los países que primero avanzaron en modificar sus legislaciones", indicó el documento.
En el año 2000, se precisó que la producción global de cannabis medicinal era tan sólo de 1.400 kilos, mientras que en el 2019 alcanzó los 468 mil kilos.
Las proyecciones, para el 2024, "indican que el valor de la producción global alcanzaría los 42.700 millones de dólares, multiplicando por 14 veces el valor de hace diez años atrás.
En Argentina, la ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados fue sancionada el 29 de marzo del 2017, donde se estableció un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo
de la planta de cannabis y sus derivados.
Más recientemente, la ley 27.699 sancionada este año, detalló el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, "abarcando la cadena de producción y comercialización nacional o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica y el uso industrial, promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial".
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad-Capítulo Argentina a las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre el proceso electoral venezolano
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.