El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que “no son viables jurídicamente” las denuncias que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que realizará contra los padres y madres de las y los estudiantes que llevan adelante tomas.
Argentina 28 de septiembre de 2022
Sures Noticias
"No se puede criminalizar estas protestas en lugares de estudios, que están aseguradas por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño”, afirmó la organización a través de una serie de mensajes que difundió a través de la red social Twitter.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que “no son viables jurídicamente” las denuncias que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que realizará contra los padres y madres de las y los estudiantes que llevan adelante tomas.
"No se puede criminalizar estas protestas en lugares de estudios, que están aseguradas por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño”, afirmó la organización a través de una serie de mensajes que difundió a través de la red social Twitter.
Por otra parte, organizaciones y personalidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos, las infancias y adolescencias acusaron hoy al gobierno porteño y a la ministra Acuña, de "amedrentar y coercionar" a los estudiantes que toman los colegios y exigieron la apertura de "un espacio de diálogo".
"Repudiamos enérgicamente los intentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de su ministra de Educación, Soledad Acuña, de amedrentar y coercionar a lxs pibxs en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta estudiantil", indicaron a través de un comunicado.
Entre las personas y asociaciones firmantes se encuentran Nora Cortiñas y Taty Almeyda, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la Mesa de Articulación de la Niñez; el Foro por los Derechos de la Niñez; el Encuentro de Trabajadorxs del Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y la Organización barrial Padre Carlos Mugica.
El pedido de los estudiantes
La CEB, a través de un comunicado, señaló que mantendrá la toma hasta que la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña "brinde respuestas" a sus reclamos".
Los estudiantes reclaman, además, "contra la intromisión política de las autoridades del Ministerio de Educación que busca censurar la actividad de los Centros de Estudiantes en las escuelas".
Por otro lado, denuncian el "paupérrimo sistema de alimentación" y reclamaron que "mejore la calidad de la comida en las escuelas", además de exigir que "se duplique la cantidad de viandas enviadas, ya que hoy no resultan suficientes".
Cuestionan además la obligatoriedad de las prácticas laborales impuestas por el Gobierno de la Ciudad y exigieron "participación en esas decisiones".
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
En un operativo desmedido, violento e ilegal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma.
Los familiares y amigos del genocida pudieron compartir sus últimos años de vida con él y tendrán un lugar donde llorar su muerte. Derecho que les fue arrebatado a miles de detenidos desaparecidos que Jueces como él tenían el deber de proteger durante la última dictadura militar, señalo en un comunicado HIJOS Santiago del Estero
Análisis de los despidos y suspensiones en el primer semestre del 2024: relevamiento de casos paradigmáticos en industria y servicios elaborado por CEPA (Centro de Economía Política Argentina).
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Un estudio del Centro de Almaceneros revela que, debido a la escasez de plata, se intensifica la práctica de omitir comidas (con padres y madres que no comen para que sus hijos puedan hacerlo), y las meriendas se están convirtiendo en cenas.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.