La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, denunció hoy que en los tribunales de Comodoro Py se urde un plan para impedir que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda ser candidata en las próximas elecciones.
Argentina19 de julio de 2022
Sures Noticias
"Dan los tiempos para intentar proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia por (la denominada causa) Vialidad la vamos a conocer en noviembre, pueden rechazarla antes de que asuma y podría quedar una sentencia firme que inhabilita para ocupar cargos públicos. No podría asumir el cargo", afirmó Peñafort en diálogo con Radio 10.
La abogada comparó la situación de la vicepresidenta con lo que le pasó al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y aseguró que "el plan de (los tribunales federales de) Comodoro Py es impedir que Cristina sea candidata".
"Vimos la instrucción de la Corte Suprema que básicamente dijo que Cristina aparecía vinculada a operaciones ilícitas por obra pública. A ella no le permitieron hacer pericias, es un escándalo", añadió.
Además, señaló que el fiscal que lleva adelante la causa Vialidad, "un poco antes de que Cristina asumiera como vicepresidenta andaba pidiendo pistas para decir que la tenía que acusar aunque no tuviera pruebas".
"Todos los argentinos, en algún momento de la vida, veremos nuestros derechos sometidos a las decisiones del Poder Judicial, ya sea por una herencia, un divorcio, un problema laboral. Que no es un tema prioritario es mentira", concluyó Peñafort.
La vicepresidenta criticó ayer a la Corte Suprema de Justicia a través de un video publicado en sus redes sociales, en el cual afirmó que existe "un Poder Judicial devenido en partido político, que es protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen", que pone a "los ciudadanos y ciudadanas de Argentina" en una situación de "libertad condicional".
Asociaciones de jueces y fiscales piden "prudencia, mesura y respeto institucional"
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) pidieron hoy "equilibrio, mesura, prudencia y respeto institucional" a las autoridades políticas ante sus críticas a la Justicia.
La AFFUN expresó su "profunda preocupación" ante "las reiteradas expresiones de las más importantes autoridades políticas del país, que, con la intención de cuestionar decisiones de magistrados judiciales que afectan sus intereses sectoriales, sugieren mediáticamente que actúan de manera indebida o ilegal", y afirmó que "la independencia judicial constituye un derecho humano".
También aseveró que "tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como los parlamentarios deben ser muy prudentes en las críticas a las instituciones judiciales".
La AFFUN dijo en un comunicado que "reitera que la 'independencia judicial constituye un derecho humano', amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que garantiza a la comunidad el acceso a una justicia imparcial, en especial a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos".
"Es por ello, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos, ha enfatizado que uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, asegurar la independencia de los órganos del sistema de justicia, debiendo facilitar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o de cualquier otro sector de poder", añadió.
Dijo además que "en ese marco, la AFFUN quiere manifestar su profunda preocupación ante las reiteradas expresiones de las más importantes autoridades políticas del país, que, con la intención de cuestionar decisiones de magistrados judiciales que afectan sus intereses sectoriales, sugieren mediáticamente que actúan de manera indebida o ilegal, sin asumir la responsabilidad legal de denunciar o la utilización de la vía recursiva pertinente".
"Consecuentemente, esta Asociación entiende que tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como los parlamentarios deben ser muy prudentes en las críticas a las instituciones judiciales, debiendo evitar cualquier riesgo de incurrir en injerencias prohibidas en la función jurisdiccional, máxime cuando los cuestionamientos pueden ser interpretados con un sesgo amedrentador ante cualquier decisión adversa a los intereses particulares", sostuvo la entidad.
Aseveró también que "este llamado de atención, en modo alguno implica la imposibilidad de auditar, por parte de los otros poderes estatales, la calidad de la función jurisdiccional, ya que impone, entre otras cosas, un sistema legal de denuncias y juicio, respetando las garantías constitucionales, de modo de no degradar injustificadamente las instituciones y la seguridad jurídica de una Nación".
El comunicado de la AFFUN está firmado por Carlos Rívolo (presidente), Ricardo Toranzos (vicepresidente), María Fernanda Poggi (vicepresidenta segunda) y Susana Pernas (secretaria general).
Por su parte, la AMFJN expresó su "rechazo" al video publicado por la vicepresidenta Cristina Kirchner con críticas a la justicia.
"Esta institución observa que, más allá del absoluto respeto y garantías que le caben a la señora vicepresidenta como ciudadana, de discrepar con decisiones jurisdiccionales que le son adversas, consideramos que quienes ejercen la función pública en las más altas jerarquías deben actuar con equilibrio y mesura en sus críticas y respeto institucional", afirmó la entidad.
"Esa moderación que desde esta Institución reclamamos, debe extremarse aún más en contextos de debilidad económica y social como la que atravesamos, reconocidos desde el actual gobierno", añadió en un comunicado firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle.
​Los pronunciamientos de los organismos judiciales se produjeron un día después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticó a la Corte Suprema de Justicia y afirmó que con el actual Poder Judicial los ciudadanos están "en libertad condicional".
La expresidenta también cuestionó los fallos en su contra en las presentaciones que realiza en las causas en las que es investigada.
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