El juez en lo Contencioso Administrativo Walter Lara Correa rechazó hoy los pedidos de inconstitucionalidad de la ley que estableció el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, al considerar que la iniciativa aprobada por el Congreso nacional en el marco de la pandemia de coronavirus "persigue la satisfacción de derechos por conducto del financiamiento de programas económicos redistributivos específicos".
Argentina 15 de julio de 2022
Sures Noticias
"Declarar improcedente la acción declarativa de certeza impetrada respecto al pronunciamiento acerca de la naturaleza jurídica del 'Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia'. Rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional", dice el fallo del magistrado conocido hoy y al que tuvo acceso Télam.
El proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario -impulsado por el Frente de Todos, por medio de los diputados nacionales Máximo Kirchner y Carlos Heller- buscaba recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.
La iniciativa establece el cobro del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.
Según la AFIP, la medida alcanzaría a menos de 10 mil personas, es decir 0,8 por ciento del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.
La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.
En el fallo conocido hoy, y al rechazar una acción de amparo de un contribuyente que se negaba a pagar el aporte solidario establecido en la Ley 27605, el magistrado señaló que la medida permitió "la adquisición de vacunas contra la enfermedad, compra de equipamiento médico, manutención del empleo, fomentar la educación, el servicio público y el apoyo a los grupos vulnerables, fines que tienen para todos los ciudadanos, más aún en esta crisis, un interés extraordinario".
En una resolución de 64 hojas, Lara Correa resaltó el criterio social del aporte al manifestar que "también resultan beneficiarios con mayor o menor intensidad de los beneficios del aporte solidario realizado por ellos mismos contra la pandemia, ya que de las medidas implementadas se beneficia a la comunidad toda".
Sobre los rechazos, críticas o impugnaciones al aporte solidario, el fallo resalta que "no resulta descalificable desde el punto de vista" porque "no está probado que se haya desnaturalizado el derecho a la propiedad, toda vez que se respetan los estándares constitucionales y convencionales".
Además, destacó que la ley fue sancionada por el Parlamento: "Se considera que el Congreso nacional mediante la instrumentación, obtiene ingresos y realiza erogaciones para financiar políticas públicas estipuladas a efectos de garantizar los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos y, de cumplimiento obligatorio en sede convencional".
"En lo relativo con la situación de emergencia cuadra añadir que denota un estado de necesidad generalizado, cuya existencia y gravedad corresponde apreciar al legislador sin que los órganos judiciales puedan revisar su decisión", agregó el juez.
En relación al contexto internacional por la pandemia de coronavirus, el fallo hace referencia a lo indicado por la Comisión Económica para América Latina que sostuvo que la crisis sanitaria "repercutió en todos los indicadores socioeconómicos mundiales".
En este sentido y sobre la pertinencia de los legisladores a la hora de impulsar este proyecto de ley, el fallo consideró que primó "la satisfacción de un interés colectivo".
Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue convertido en ley por el Senado el 4 de diciembre de 2020 por 42 votos a favor y 26 en contra, correspondientes a los legisladores de Juntos por el Cambio y sus adherentes.
El acto de descubrimiento de la señalización se realizó con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y familiares y amigos del joven.
El Juzgado Federal de Río Gallegos hizo lugar parcialmente a una medida cautelar requerida en el marco de una demanda colectiva contra la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado por la contaminación en el río Fitz Roy y en el río de las Vueltas. Allí se denunció la presencia de coliformes totales y de Escherichia Coli en el agua. Remarcaron que, ante el incremento poblacional, resultan inadecuados los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales.
En medio de un megaoperativo policial, con un juzgado vallado y con los acusados vía zoom, el Tribunal Federal Oral de General Roca sentenció a 5 años de prisión a Sergio Cavia por homicidio agravado en “exceso de legítima defensa” y a 4 años y medio por “partícipes necesarios” a Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García.
El MPF decidió a cambio prescindir de la acción penal, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal Federal. La víctima es un trabajador de una curtiembre, que recibía un bajo salario -con descuento de alimentos que le debía comprar a su empleador- por largas jornadas de trabajo sin los recaudos de bioseguridad mínimos. El hombre vivía en condiciones precarias junto a su familia en el mismo lugar de trabajo.
La Central realizó una doble jornada de formación y reflexión política, en la que el dirigente el estatal Hugo Godoy remarcó que "la participación en las organizaciones de la CTAA es fundamental para profundizar la democracia".
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron acreditada la participación necesaria del acusado en la sustracción de la víctima y su coautoría en la posterior retención y ocultación, después de que naciera en la maternidad clandestina que funcionó en la exEscuela de Mecánica de la Armada. "No hay dudas de que estamos antes los hechos más graves que la escala penal aplicable puede llegar admitir", sostuvieron.
La información fue ratificada a través de la cuenta de X que difunde los anuncios del Milei. También se informó que Rodolfo Barra será el futuro Procurador del Tesoro de la Nación. "Seré implacable contra el crimen", prometió la excandidata a presidenta de JxC, al agradecer "la oportunidad de volver a servir a la patria".
Se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble donde funcionó el boliche y en el que murieron 194 personas. Para los sobrevivientes es el cierre de “una etapa importantísima y necesaria".
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba solicita colaboración en la búsqueda de Ana del valle Roldán.
En el marco de los 40 años de democracia y a 75 años de la declaración universal de los Derechos Humanos que se conmemora el próximo 10 de diciembre, el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba se manifestó por la Alerta Democrática ante la llegada a la Presidencia de la Nación de un nuevo presidente que no se expresa con firmeza a favor de la democracia.
El 8 de diciembre de 1977, el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA inició un operativo que terminó con la desaparición de Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Angela Aguad, Remo Berardo, Julio Fondevila, Patricia Oviedo, Horacio Elbert, Raquel Bulit, Daniel Horane, Leonie Duquet y Alice Domon.
El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, denunció al ex Presidente por infringir el artículo 212 del Código Penal, que reprime con pena de 3 a 6 años de cárcel "el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones", como es el caso de sindicatos y organizaciones que ejerzan legal y legítimamente su derecho a la protesta.
A escasas horas de la asunción del presidente libertario, Javier Milei, el CISPREN expresó preocupación por el acto de violencia contra Radio Nacional Córdoba. En horas de la tarde una persona arrojó intencionalmente una piedra hacia los vidrios del Auditorio causando roturas y huyó. En Tanto HIJOS denuncio amenazas hacia Fernando Albareda y su familia. El Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba repudio ambos hechos.
A 40 años de la recuperación de la democracia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, tal como lo viene realizando ante cada cambio de gobierno, expresó la importancia de avanzar en una de las grandes cuentas pendientes de estás décadas: adecuar el funcionamiento del sistema de justicia federal a los mandatos constitucionales.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron acreditada la participación necesaria del acusado en la sustracción de la víctima y su coautoría en la posterior retención y ocultación, después de que naciera en la maternidad clandestina que funcionó en la exEscuela de Mecánica de la Armada. "No hay dudas de que estamos antes los hechos más graves que la escala penal aplicable puede llegar admitir", sostuvieron.