El juez en lo Contencioso Administrativo Walter Lara Correa rechazó hoy los pedidos de inconstitucionalidad de la ley que estableció el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, al considerar que la iniciativa aprobada por el Congreso nacional en el marco de la pandemia de coronavirus "persigue la satisfacción de derechos por conducto del financiamiento de programas económicos redistributivos específicos".
Argentina 15 de julio de 2022
Sures Noticias
"Declarar improcedente la acción declarativa de certeza impetrada respecto al pronunciamiento acerca de la naturaleza jurídica del 'Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia'. Rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional", dice el fallo del magistrado conocido hoy y al que tuvo acceso Télam.
El proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario -impulsado por el Frente de Todos, por medio de los diputados nacionales Máximo Kirchner y Carlos Heller- buscaba recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.
La iniciativa establece el cobro del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.
Según la AFIP, la medida alcanzaría a menos de 10 mil personas, es decir 0,8 por ciento del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.
La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.
En el fallo conocido hoy, y al rechazar una acción de amparo de un contribuyente que se negaba a pagar el aporte solidario establecido en la Ley 27605, el magistrado señaló que la medida permitió "la adquisición de vacunas contra la enfermedad, compra de equipamiento médico, manutención del empleo, fomentar la educación, el servicio público y el apoyo a los grupos vulnerables, fines que tienen para todos los ciudadanos, más aún en esta crisis, un interés extraordinario".
En una resolución de 64 hojas, Lara Correa resaltó el criterio social del aporte al manifestar que "también resultan beneficiarios con mayor o menor intensidad de los beneficios del aporte solidario realizado por ellos mismos contra la pandemia, ya que de las medidas implementadas se beneficia a la comunidad toda".
Sobre los rechazos, críticas o impugnaciones al aporte solidario, el fallo resalta que "no resulta descalificable desde el punto de vista" porque "no está probado que se haya desnaturalizado el derecho a la propiedad, toda vez que se respetan los estándares constitucionales y convencionales".
Además, destacó que la ley fue sancionada por el Parlamento: "Se considera que el Congreso nacional mediante la instrumentación, obtiene ingresos y realiza erogaciones para financiar políticas públicas estipuladas a efectos de garantizar los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos y, de cumplimiento obligatorio en sede convencional".
"En lo relativo con la situación de emergencia cuadra añadir que denota un estado de necesidad generalizado, cuya existencia y gravedad corresponde apreciar al legislador sin que los órganos judiciales puedan revisar su decisión", agregó el juez.
En relación al contexto internacional por la pandemia de coronavirus, el fallo hace referencia a lo indicado por la Comisión Económica para América Latina que sostuvo que la crisis sanitaria "repercutió en todos los indicadores socioeconómicos mundiales".
En este sentido y sobre la pertinencia de los legisladores a la hora de impulsar este proyecto de ley, el fallo consideró que primó "la satisfacción de un interés colectivo".
Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue convertido en ley por el Senado el 4 de diciembre de 2020 por 42 votos a favor y 26 en contra, correspondientes a los legisladores de Juntos por el Cambio y sus adherentes.
A 4 meses de gobierno y sus políticas de desguace del estado, Milei recibió su primer pedido de Juicio Político, impulsado por Alicia Castro, Claudio Lozano, Adolfo Pérez Esquivel, el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, entre muchos otrxs firmantes.
Milei, disfrazado de militar, así se expresó en Tierra del Fuego, adonde viajó para reunirse con la general del Ejército norteamericano y jefa del Comando Sur, Laura Richardson. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella no recibió a Richardson.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
Tras la respuesta de Irán al ataque de Israel a su embajada en Siria, el gobierno argentino analizo la situación. Recién llegado de Estados Unidos, Milei convocó a sus funcionarios este domingo. Victoria Villarruel estuvo presente. Petri se unió de manera remota, ya que se encuentra adquiriendo aviones en Dinamarca. Se decidió incrementar la seguridad en los objetivos judíos del país.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad hizo públicos los elementos que llevaron a la condena a prisión perpetua dictada para el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el expolicía de la Comisaría 1era de Berazategui, Juan Humberto Keller, por el homicidio de un hombre y los secuestros y torturas a los que fueron sometida su tía, sus primos menores de edad y su medio hermano. Impulsado por la fiscalía, analizó diferentes conceptos que influyen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
Tras el fracaso de dicha medida, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que las empresas del sector que agrupan al 75% de afiliados adoptarán esa medida, subrayó. Las prepagas apelaran la resolución.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.
El tribunal integrado por los jueces Julián Falcucci, Fabián Asis y Noel Costa iniciará a las 9.30 la audiencia en la que escuchará las últimas palabras de los acusados, tras lo cual brindará su sentencia en lo que es el juicio número 14 por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de estado en la provincia mediterránea. Las organizaciones de Derechos Humanos como la Mesa de Trabajo por los DDHH y el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba convocaron a asistir a la lectura de la sentencia.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.