Se trata del gendarme Martín Hidalgo, citado para las 9, a quien el juez Alejandro Catania dejó para el final de la tanda de testimoniales dado que podría ser el que mayor información tenga para aportar al expediente, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación judicial.

Hidalgo declaró en un sumario interno del Ministerio de Seguridad, donde aseveró de que no se hicieron trámites aduaneros al llegar al aeropuerto boliviano de El Alto, lo que permitiría robustecer la hipótesis de que las municiones se desviaron de su objetivo declarado (el de ser utilizadas para cuidar la embajada argentina en Bolivia) y fueron a parar a la policía y la fuerza aérea boliviana para reprimir durante el golpe que destituyó al presidente Evo Morales.

En esta causa se investiga qué pasó con las 70.000 balas de goma y otras municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.

Hasta este momento ya declararon como testigos, bajo juramento de decir verdad, todos los gendarmes del Comando Alacrán que viajaron junto a las municiones y también los que se desplazaron a Bolivia después para hacer los relevos.

Varios gendarmes que viajaron en el mismo avión militar que los pertrechos aseguraron haber visto las cajas y negaron haber realizado disparos de práctica, lo que permitió a los investigadores desmentir la versión que afirmaba que las municiones que viajaron de Argentina a la nación andina no volvieron al país porque se consumieron en prácticas de tiro.

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto, por lo que aún se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

En el expediente fue imputado también el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.