El jefe del contingente de gendarmes que viajó a Bolivia en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Cambiemos, junto a las municiones que terminaron en manos de las fuerzas golpistas de ese país declarará hoy ante la justicia en lo Penal Económico en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta maniobra de contrabando por la que está imputado el expresidente Mauricio Macri.
Argentina13 de julio de 2022
Sures Noticias
Se trata del gendarme Martín Hidalgo, citado para las 9, a quien el juez Alejandro Catania dejó para el final de la tanda de testimoniales dado que podría ser el que mayor información tenga para aportar al expediente, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación judicial.
Hidalgo declaró en un sumario interno del Ministerio de Seguridad, donde aseveró de que no se hicieron trámites aduaneros al llegar al aeropuerto boliviano de El Alto, lo que permitiría robustecer la hipótesis de que las municiones se desviaron de su objetivo declarado (el de ser utilizadas para cuidar la embajada argentina en Bolivia) y fueron a parar a la policía y la fuerza aérea boliviana para reprimir durante el golpe que destituyó al presidente Evo Morales.
En esta causa se investiga qué pasó con las 70.000 balas de goma y otras municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.
Hasta este momento ya declararon como testigos, bajo juramento de decir verdad, todos los gendarmes del Comando Alacrán que viajaron junto a las municiones y también los que se desplazaron a Bolivia después para hacer los relevos.
Varios gendarmes que viajaron en el mismo avión militar que los pertrechos aseguraron haber visto las cajas y negaron haber realizado disparos de práctica, lo que permitió a los investigadores desmentir la versión que afirmaba que las municiones que viajaron de Argentina a la nación andina no volvieron al país porque se consumieron en prácticas de tiro.
La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto, por lo que aún se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los denunciantes.
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
En el expediente fue imputado también el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Daniel Vera, docente jubilado de 64 años de Resistencia, Chaco, cumple seis meses bajo arresto domiciliario por publicaciones en Facebook que denunciaban el conflicto en Gaza y criticaban a figuras públicas como el presidente Javier Milei. La Justicia Federal, a cargo del juez Ariel Lijo, lo acusa de amenazas y apología al antisemitismo, pese a que la pena máxima es excarcelable y sus defensores denuncian persecución política.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.