La directora de Abordaje Integral de casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual del MMGyD, Natalia Chinetti, junto con Aymara Choque, a cargo de la Coordinación de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Integrantes de Pueblos Indígenas; y Andrea Andrade, coordinadora del Programa de Acceso a Derechos, mantuvieron un encuentro con la familia materna y el padre de la niña wichí de 12 años asesinada en Pluma de Pato, Salta, a quienes el MMGyD se encuentra brindando asistencia.
Argentina07 de febrero de 2022
Sures Noticias
Durante el encuentro, se acordó con la familia el ingreso al Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género, que contempla un apoyo económico de cuatro salarios mínimos, el asesoramiento jurídico y la articulación para la contención psicológica. Este Programa es una de las medidas del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que está dirigido a personas del grupo familiar y/o allegadxs de las víctimas de violencias extremas. Allí, también quedan comprendidas aquellas personas unidas por vínculos de parentesco o socio-afectivos.
En tanto, las funcionarias mantuvieron una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Abel Cornejo; su asesora Natalia Nieto; y Carla Tiano, directora de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves, con quienes determinaron trabajar conjuntamente para abordar las demandas tanto de la familia como de las comunidades indígenas en general, respecto a cuestiones de género y situaciones que atenten contra la integridad sexual, con el fin de brindar soluciones eficientes sostenidas en el tiempo para revertir la situación de desprotección y vulnerabilidad de mujeres y LGBTI+. Con el propósito de profundizar esa tarea conjunta entre nación y provincia, el MMGyD se sumará a la mesa interministerial convocada para el próximo lunes 7 de febrero.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
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La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.