El 1 de noviembre se presentó una denuncia contra Jorge Alves, presidente de Caminos de las Sierras, el Intendente de Cosquín, Gabriel Musso y el conjunto del concejo deliberativo de Cosquín. El motivo es el presunto riesgo de daño y destrucción sobre el Patrimonio Arqueológico de valor histórico, nacional e internacional, que existe en el Paraje Las Tunas de Cosquín debido a la construcción de una autovía.
Córdoba04 de noviembre de 2021
Sures Noticias
La denuncia es la defensa de una Reserva Indígena, registrada oficialmente en Catastro de la Provincia de Córdoba desde 1817 donde hubo hallazgos de cuerpos humanos de abuelos originarios con ajuar ritual. fue presentada en en la oficina virtual de delitos culturales de la Policía Federal.
La misma, se pretende presentar en fueros de organismos internacionales los denunciantes sostienen contar con más de 2000 páginas de datos científicos estudiados por arqueólogos de la región, que, de los 1937 sitios arqueológicos, 944 están a cielo abierto, 497 son cuevas; de ese total 341 están en el Valle de Punilla y en Las Tunas donde provocaría la destrucción, 212 tienen respaldo bibliográfico, 60 registrados por FDAM, 41 hay información, 2 están en trabajo de campo, 26 son colecciones, 188 no están intervenidos, 144 sin información, 18 destruidos, 195 expuestos, 6 sin riesgo, 23 con riesgo bajo,94 con riesgo alto y 207 con riesgo indeterminado.
"Sobre la línea de impacto directo, hay 81 sitios, y 18 en el área de influencia inmediata. Hay que resaltar que éste Patrimonio Cultural es lo que se encontró en la superficie, resolvieron ignorar, además, los 11.000 años de Cultura Originaria que están bajo la tierra y que aún no están ni investigados ni registrado, y que son patrimonio intangible de las familias originarias sobrevivientes (UNESCO 2003)". afirmaron en un comunicado los denunciantes.
La denuncia fue presentada por Gustavo Godoy, vecino de Las Tunas y fue producto del trabajo en equipo con los indios: Horacio Pereyra, Capi Tulián, Lucía Villareal y Cristina Silva, originarios genuinos e integrantes del Concejo Provincial Indígena de la Provincia de Córdoba.
Solicitan además a la población aporte pruebas comunicándose con el organismo antes mencionado, que verificará la veracidad de la prueba para que sea incorporada a la causa. Entre los testigos previstos están, además de los aborígenes nombrados, arqueólogos e investigadores, vecinos paisanos, baqueanos y el medio Radio Inédita.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
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La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
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La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.