Funcionarios y dirigentes del Frente de Todos (FdT) recordaron hoy la sanción hace 11 años de la ley de matrimonio igualitario, que convirtió a Argentina en el primer país de América Latina en reconocer el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo.
Argentina15 de julio de 2021
Sures Noticias
"Hoy celebramos 11 años de la ley que marcó un antes y un después en el reconocimiento y la ampliación de derechos de LGBTI+. Con la lucha de miles de compañerxs como bandera, seguimos construyendo la Argentina justa, igualitaria y diversa que soñamos", escribió la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a través de la red social Twitter.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó en sus redes sociales que "todos tenemos derecho a buscar la felicidad del modo en que cada uno sienta que pueda encontrarla", junto al tuit publicado esta mañana por el presidente Alberto Fernández.
Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, recordó en su cuenta de Twitter un fragmento del debate en el Senado de aquel día: "Cuantos más derechos hay, más democrática es la sociedad".
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se refirió a la sanción del matrimonio igualitario como "una conquista fundamental para la construcción de una Argentina más justa e igualitaria", y convocó a seguir "trabajando por más ampliación de derechos".
La diputada nacional y vicepresidenta del bloque de FdT en la Cámara baja, Cecilia Moreau, afirmó a través de un mensaje publicado su cuenta de Twitter que "hace 11 años somos una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva".
La norma aprobada, la ley nacional 26.618, modificó artículos del Código Civil, en particular cuando se definía al matrimonio como aquel contraído entre "hombre y mujer".
Con las modificaciones, en el articulado de la norma se estableció que "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo".
Con la sanción de esta ley, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el segundo en América, tras Canadá, en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.