Un total de 660 denuncias por maltrato a mayores de 60 años, de las cuales el 77 por ciento tuvo como víctimas a mujeres, se registraron en 2020, según la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que precisó que en la mayoría de los casos los hechos se dieron en el ámbito familiar.
Argentina02 de julio de 2021
Sures Noticias
El organismo, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, precisó que el 72 por ciento de los casos afectó a mujeres de entre los 60 y 74 años, franja etaria en la que la gran mayoría de las denuncias de maltrato la hicieron los propios afectados, en tanto que por encima de esa edad, prevalecen las denuncias de terceras personas.
La Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto y Secretaría de Desarrollo Institucional de la Corte recordó que “con la ley 27.360 la Argentina ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” para su “plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.
Agregó que “la Convención entiende que son personas mayores las de 60 años en adelante, y define al maltrato como ‘la acción u omisión, única o repetida, que produce daño a integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza’”.
De los datos de 2020 incorporados al sistema informático de la OVD surge que “en casi todas las denuncias (97 por ciento) estuvo presente la violencia psicológica”, mientras que “las de tipo física y ambiental” aparecieron en la mitad y la “económica” en un tercio de los hechos llevados a la sede de Lavalle al 1.200 de la Ciudad de Buenos Aires.
“La frecuencia de las situaciones de violencia fue, en más del 60 por ciento de los casos, entre diaria y semanal, proporción un 10 por ciento más elevada que la registrada en 2019” y “solo el 5 por ciento de los relatos respondieron a un primer episodio de violencia”, detalló el informe.
Entre los denunciados por maltrato a los mayores “el 74 por ciento tiene entre 22 y 59 años” y un 24 por ciento es un adulto de 60 años y en la gran mayoría de las situaciones (89 por ciento) había un vínculo familiar -paterno-filial, fraternal, pareja y, en menor medida otros parientes-.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.