Así lo sostiene, tras una reunión virtual, la Coalición por una Comunicación Democrática Argentina. Ante el fallo judicial que habilita a corporaciones de comunicaciones e Internet aumentos ilimitados de precios durante la Pandemia.
Argentina06 de mayo de 2021
Sures Noticias
Tri Heredia, participe de la reunión (integrante de la CCD Córdoba y de Más Democracia) señalo en dialogo con Sures Noticias "En lo programático y político es una necesidad volver a la plena aplicación de servicios audiovisuales y plantearle al gobierno nacional mayor profundidad en las políticas publicas en materia de comunicación democrática", además agrego "suprema es la palabra democrática y su distribución, una corte no puede ir contra eso".
Comunicado completo.
Ante el fallo judicial que habilita a corporaciones de comunicaciones e Internet aumentos ilimitados de precios durante la Pandemia
La Coalición por una Comunicación Democrática repudia que, en medio de la Pandemia de Covid 19, una Cámara Federal haya habilitado a una corporación empresarial de telefonía, Internet y TV de pago a disponer aumentos discrecionales en sus tarifas, suspendiendo la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020, que protege el derecho de millones de usuarios en el acceso a servicios esenciales.
Sostenemos como colectivo de medios de comunicación populares, de organizaciones de trabajadores, de docentes, de usuarios y consumidores en defensa del derecho a la comunicación, la trascendencia de que el Gobierno de Alberto Fernández tome medidas que recuperan la capacidad regulatoria del Estado, que había sido borrada por M. Macri –vía DNU- para favorecer la concentración sectorial.
Medidas como la Prestación Básica Universal Obligatoria y la regulación de tarifas entre los privados y el Estado protegen el acceso social a la información, la educación, la cultura y la ciudadanía, más aún si se considera especialmente que, para estar conectados, los sectores por debajo de la línea de pobreza deben destinar más del 10% de sus ingresos mensuales.
Hacemos un llamamiento a la racionalidad política y a la primacía del estado de derecho para la inclusión democrática. Es lícito que Telecom y otros operadores hagan negocios, pero no dejando a millones de compatriotas fuera del teletrabajo, la educación y la socialización imprescindibles en los momentos actuales.
Es tiempo de recuperar las banderas de una comunicación democrática, sin monopolios que amenacen la democracia. Por la plena vigencia del Decreto 690 y de una mesa de diálogo que no quede restringida a los poderes fácticos del mercado.
Por la defensa de la competencia y la regulación asimétrica para PyMes y cooperativas audiovisuales y TIC.
Por la actualización de regulación y tributación de video a demanda, y plataformas de contenidos
digitales.
Por el Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa, y una distribución democrática y federal de la pauta publicitaria. Por la legalización pendiente de medios cooperativos y comunitarios, y el fortalecimiento de la Televisión Digital Abierta y gratuita.
Es con todos. Defendemos nuestros derechos.
Coalición por una Comunicación Democrática
6 de mayo de 2021
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.