Las investigadoras y especialistas en violencia de género María Sondereguer y Rita Segato sostuvieron hoy que “los delitos sexuales cometidos en el marco del plan sistemático de represión en los Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico militar, fueron una práctica persistente de disciplinamiento moral” y “acto domesticador”.
Argentina21 de abril de 2021
Sures Noticias
Así lo afirmaron al declarar como testigos de concepto en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Neuquén.
Ambas expertas expusieron vía remota en la audiencia realizada en el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (TOF) presidido por Alejandro Cabral e integrado por los vocales Simón Bracco y Alejandro Silva.
María Sondereguer explicó los cambios que se han introducido en la legislación vigente en los últimos años que dieron lugar a “la ampliación del concepto de violencia hacia las mujeres en el marco del plan sistemático de represión y exterminio”.
“Los cambios en la jurisprudencia internacional, en la regional y nacional muestran que ha habido una transformación de los sentidos comunes y por ende se han ido modificando las preguntas que le hacemos a ese pasado, la delimitación de los hechos investigados y las interpretaciones dadas a los tiempos jurídicos existentes”, aseguró.
La experta sostuvo que “este nuevo marco permitió habilitar la palabra de las testigos para poder denunciar estas vejaciones a las que fueron sometidas”.
Sondereguer aseguró que “las violaciones en el marco del plan sistemático de represión y exterminio fueron un acto domesticador, un modo de dominación, de disciplinamiento que tenía que ver con la posibilidad de reforzar la condición de dominio sobre la vida y la muerte de las personas”.
Por su lado, Rita Segato expresó que “la agresión sexual actúa como el asesinato moral de la víctima y es notable en Argentina cuánto han demorado las denuncias que incluyan a la violación sexual como una violación de delito contra el cuerpo de sujeto universal, como un delito público, como un delito que se debe denunciar dentro de las acusaciones de tortura”.
“En nuestro país esto ha tardado demasiado en ser visto de esa manera tanto por las víctimas como también por los Tribunales, dijo y consideró “necesario” reparar "esta demora”.
Segato sostuvo que “serán históricos los Tribunales que consigan sentar iniciativa y jurisprudencia y mostrar que se trata de delitos públicos”.
Aclaró que el delito sexual “no solo puede ser la violación; la desnudez o toques” y agregó también es “toda usurpación sobre la soberanía del cuerpo".
Ambas investigadoras fueron convocadas a exponer en el juicio conocido como “Escuelita VII” en el marco que le da el Ministerio Público Fiscal para que sea investigada la violación como un hecho autónomo del de torturas.
Los 15 investigados por delitos de lesa humanidad son: Juan José Capella, Miguel Ángel Cancrini, Norberto Condal, Jorge Di Pasquale, Jorge Granada, Raúl Guglielminetti, Gerónimo Huircain, Jorge Molina Ezcurra, Desiderio Penchulef, Oscar Lorenzo Reinhold, Sergio San Martín, Jorge Soza, Carlos Taffarel, Walter Tejada y Osvaldo Páez.
Se investigan 20 casos entre los cuales hay nueve detenidos desaparecidos que son Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Alicia Pifarre, Carlos Schedan, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi y Miguel Ángel Pincheira.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.