El encuentro encabezado por el ministerio que comanda Elizabeth Gómez Alcorta propuso dialogar sobre "la necesidad de una reforma con eje transversal en las violencias por motivos de géneros y las demandas de los movimientos feministas con perspectiva de derechos".

Nelly Minyersky, abogada, docente e integrante histórica de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, dijo a Télam que "la justicia feminista significa que contemple a las mujeres en plena igualdad de derechos".

"Es un camino sumamente largo, hay cosas que hay que implementar ya y que ya existen, no necesitamos nuevas leyes, hay muchos instrumentos como pactos de derechos humanos, leyes, la constitución", explicó.

En ese sentido, Minyersky instó a la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) "que Argentina la ratificó en el siglo pasado y es un instrumento maravilloso que nos dota a nivel internacional de todos los derechos de la mujer".

"Más que leyes nacionales en este momento tenemos que trabajar a nivel municipal o provincial. Hacen falta promotores porque cuando una mujer va y denuncia luego queda sin ninguna apoyatura. Tenemos desde 2015 una ley de patrocinio jurídico obligatorio que no se cumple después de tantos años, solo en 2017 se hizo un concurso y se designaron 25 profesionales para todo el país", aseguró.

Ileana Arduino, abogada que preside el área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), reflexionó que "hay que plantearse si el campo judicial es el más adecuado para responder las demandas de los feminismos y a partir de ahí ver qué reformas tienen sentido".

"Marcos normativos hay un montón, las dificultades están en el reconocimiento de las violencias machistas como hechos relevantes, en términos de atenderlo prioritariamente, tomarse muy en serio los conflictos y pensar respuestas no solo en la sanción sino en la reparación del daño", explicó la participante del conversatorio.

"No se trata sólo de controlar agresores sino de fortalecer la capacidad de las personas agredidas para que puedan ejercer sus derechos", aclaró y agregó que "mientras sigamos transitando el camino de pura medida cautelar sin pensar en términos de acompañamiento efectivo a las víctimas no vamos a tener resultados claros".

Arduino aseguró que existe una "demanda social" de reformar la justicia con perspectiva de género y llamó a pensar "respuestas integrales" para los casos de violencia.

"La demanda social está apoyada en el hartazgo, son muchas las señales que hay. El Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias y no conformarse con medidas elementales o de shock, sino honrar esa demanda", aseveró.

En ese sentido, la abogada dijo que "acompañar a la víctimas es conseguirles un abogado pero también entender cuáles son las circunstancias de su vida económica, laboral, y ocuparse de responder en todos los puntos".

"La propuesta de la tobillera con los agresores es una respuesta limitada, las personas no van a vivir toda la vida con la tobillera puesta. Hay que pensar respuestas integrales", afirmó.

Por su parte, Marisa Herrera, abogada e investigadora del Conicet, sostuvo que la clave es "la transformación de pensar el derecho en clave feminista".

"Debemos pensar estrategias donde los procesos judiciales tengan una perspectiva de género, que implique por ejemplo una agencia de acompañamiento, porque muchas veces no se pueden sostener las denuncias porque muchas veces las mujeres no tienen las herramientas de enfrentar todo el proceso judicial", aseguró.

"La violencia física es el elemento más visibles, pero hay muchas violencias previas que deben ser visibilizadas para generar un cambio profundo", explicó y concluyó: "La reforma de la justicia está instalada, todos tenemos un consenso de que el poder judicial así como está no funciona, entonces cualquier iniciativa de reforma no puede ser sin una perspectiva feminista porque viene a rebatir la mirada patriarcal y machista".