Abogadas y especialistas en derecho aseguraron que es necesaria una reforma judicial con perspectiva de género para acompañar a las víctimas de violencia que denuncian los casos y aplicar las leyes vigentes, en un conversatorio llamado "Hacia una justicia feminista" organizado hoy por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Argentina07 de marzo de 2021
Sures Noticias
El encuentro encabezado por el ministerio que comanda Elizabeth Gómez Alcorta propuso dialogar sobre "la necesidad de una reforma con eje transversal en las violencias por motivos de géneros y las demandas de los movimientos feministas con perspectiva de derechos".
Nelly Minyersky, abogada, docente e integrante histórica de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, dijo a Télam que "la justicia feminista significa que contemple a las mujeres en plena igualdad de derechos".
"Es un camino sumamente largo, hay cosas que hay que implementar ya y que ya existen, no necesitamos nuevas leyes, hay muchos instrumentos como pactos de derechos humanos, leyes, la constitución", explicó.
En ese sentido, Minyersky instó a la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) "que Argentina la ratificó en el siglo pasado y es un instrumento maravilloso que nos dota a nivel internacional de todos los derechos de la mujer".
"Más que leyes nacionales en este momento tenemos que trabajar a nivel municipal o provincial. Hacen falta promotores porque cuando una mujer va y denuncia luego queda sin ninguna apoyatura. Tenemos desde 2015 una ley de patrocinio jurídico obligatorio que no se cumple después de tantos años, solo en 2017 se hizo un concurso y se designaron 25 profesionales para todo el país", aseguró.
Ileana Arduino, abogada que preside el área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), reflexionó que "hay que plantearse si el campo judicial es el más adecuado para responder las demandas de los feminismos y a partir de ahí ver qué reformas tienen sentido".
"Marcos normativos hay un montón, las dificultades están en el reconocimiento de las violencias machistas como hechos relevantes, en términos de atenderlo prioritariamente, tomarse muy en serio los conflictos y pensar respuestas no solo en la sanción sino en la reparación del daño", explicó la participante del conversatorio.
"No se trata sólo de controlar agresores sino de fortalecer la capacidad de las personas agredidas para que puedan ejercer sus derechos", aclaró y agregó que "mientras sigamos transitando el camino de pura medida cautelar sin pensar en términos de acompañamiento efectivo a las víctimas no vamos a tener resultados claros".
Arduino aseguró que existe una "demanda social" de reformar la justicia con perspectiva de género y llamó a pensar "respuestas integrales" para los casos de violencia.
"La demanda social está apoyada en el hartazgo, son muchas las señales que hay. El Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias y no conformarse con medidas elementales o de shock, sino honrar esa demanda", aseveró.
En ese sentido, la abogada dijo que "acompañar a la víctimas es conseguirles un abogado pero también entender cuáles son las circunstancias de su vida económica, laboral, y ocuparse de responder en todos los puntos".
"La propuesta de la tobillera con los agresores es una respuesta limitada, las personas no van a vivir toda la vida con la tobillera puesta. Hay que pensar respuestas integrales", afirmó.
Por su parte, Marisa Herrera, abogada e investigadora del Conicet, sostuvo que la clave es "la transformación de pensar el derecho en clave feminista".
"Debemos pensar estrategias donde los procesos judiciales tengan una perspectiva de género, que implique por ejemplo una agencia de acompañamiento, porque muchas veces no se pueden sostener las denuncias porque muchas veces las mujeres no tienen las herramientas de enfrentar todo el proceso judicial", aseguró.
"La violencia física es el elemento más visibles, pero hay muchas violencias previas que deben ser visibilizadas para generar un cambio profundo", explicó y concluyó: "La reforma de la justicia está instalada, todos tenemos un consenso de que el poder judicial así como está no funciona, entonces cualquier iniciativa de reforma no puede ser sin una perspectiva feminista porque viene a rebatir la mirada patriarcal y machista".
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.