Organizaciones sociales de Jujuy advirtieron hoy sobre la “criminalización" de la protesta social que lleva adelante el Gobierno provincial al sostener que "se ha vuelto una constante” la emisión de actas contravencionales luego de marchas en reclamo de trabajo y alimentación.
Argentina13 de enero de 2021
Sures Noticias
Las organizaciones se referían a una marcha realizada a mediados de diciembre en reclamo de "una Navidad digna con trabajo y sin hambre", a la que siguió la emisión de actas contravencionales.
En este sentido, adelantaron que tras la culminación de la feria judicial, presentarán un reclamo ante la Justicia penal al interpretar estas actas contravencionales emitidas -que sumaron diez- como un "mecanismo de persecución ante el reclamo de derechos", además de una acción "ilegal".
“Se está acusando a dirigentes y organizaciones sociales simplemente por haberse movilizado interrumpiendo el tránsito vehicular, además se plantea que se violaron las normas relativas al distanciamiento social cuando en realidad se lo respetó”, dijo la abogada Mariana Vargas, que oficiará como defensora de los afectados.
Acusó al Gobierno provincial por buscar "amordazar" con "un código contravencional institucional y con causas legales" a las organizaciones "en el ejercicio de sus derechos”.
De la marcha habían participado alrededor de diez organizaciones y movimientos sociales que se movilizaron por calles de la capital provincial bajo la consigna de llegar a “una Navidad digna con trabajo y sin hambre”.
Desde el pasado jueves comenzaron a notificarse las actas de infracción, que alcanzan a los referentes sociales José Surita, Jorge Angulo, Gabriel Taboada, Gabriela Arroyo, Ivone Aparicio, Arnaldo Navarro, Sara Cruz, Eva Girón y Elsa Colqui, y a las organizaciones CCC, MTE y Llankaj Maki, según pudo saber Télam.
“Otra vez nos vemos violentados por reclamar derechos”, dijo durante el contacto con la prensa Ivone Aparicio, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Jujuy, al asegurar que, de todas maneras, seguirán movilizando.
Jorge Angulo, del Consejo de Pueblos Originarios “Llankaj Maki”, sostuvo que la aparición de las actas contravencionales "no es casualidad" y está asociada a la “unidad” con la que los espacios comunitarios empezaron a plantear sus reclamos al Gobierno por “tierras para vivir y producir, puestos de trabajo y una solución concreta a la problemática alimentaria en la provincia”.
En tanto, José Surita, del Movimiento Evita, manifestó la “indignación” que significan las actas contravencionales y criticó además la falta de “sensibilidad social” y de "respuestas", sobre todo luego de las reuniones que siguieron a la marcha con la ministra de Desarrollo Humano local, Natalia Sarapura.
“Paraciera que en la provincia no se puede cuestionar nada, ni salir a las calles. Está a la vista lo que somos y lo que hacemos, y vamos a redoblar nuestra lucha”, resumió Romina Canchi, de la CCC.
Télam
La protesta en la Avenida 9 de Julio se llevó a cabo en el contexto de las manifestaciones que exigen mejoras en los salarios y en el presupuesto del hospital Garrahan. Este domingo, los trabajadores del hospital llevaron a cabo una nueva acción de fuerza.
Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.
Fue gracias a un acuerdo de conciliación calificado por las partes como una "salida superadora". El caso se inició en noviembre de 2023 con una inspección fiscalizadora en una finca de la localidad de Joaquín V. González, donde una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte. Ninguno tenía ropa ni herramientas adecuadas, dormían hacinados en una casilla y parte del pago, les era descontado en concepto de alimentos.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.
Se llevó a cabo la presentación de la iniciativa local #PardonAssange, con la participación de líderes políticos, sindicales y defensores de derechos humanos, con el objetivo de aliviar las cargas legales que, a pesar de su liberación, aún afectan al fundador de WikiLeaks.
La organización denunció penalmente a las máximas autoridades de la SIDE por abuso de autoridad. El Plan de Inteligencia Nacional y la orden secreta que se conocieron días atrás son contrarios a la ley.
La provincia marca un hito al retornar, imitando al gobierno de Milei, a los mercados internacionales tras ocho años, pero especialistas cuestionan el timing y el costo de una estrategia que hipoteca el futuro. El endeudamiento sera para pagar deuda con vencimiento este 2027 y un concepto genérico "fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones".
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La funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires está acusada de vandalizar la casa de José Luis Espert. “Está presa por mujer y peronista”, aseveraron en un comunicado firmado por legisladores de Unión por la Patria.
Una familia de cinco palestinos vivió una experiencia traumática al intentar ingresar a Argentina, en medio de un contexto migratorio tenso influenciado por el alineamiento del gobierno autoritario de Javier Milei con Estados Unidos e Israel.
La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), conjuntamente con el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College), informaron que “se solicitó a la justicia provincial una urgente medida cautelar (in extremis) para proteger la vida del quebracho blanco de 283 años de Villa Allende”.
La Red por los Derechos Humanos en contextos de encierro, junto al Museo de Antropologías, junto a IDACOR, CONICET y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, organiza una jornada de debate el 15 de julio de 2025 a las 18 hs en el Museo de Antropologías, para reflexionar sobre los derechos humanos desde las ciencias sociales.
El mensaje contenía una amenaza de muerte hacia a la funcionaria nacional y fue remitido el 19 de diciembre de 2024 por el Messenger de la red Facebook. La fiscalía identificó a un vecino de Orán como el supuesto autor del acto intimidatorio, realizado en un contexto de reclamo por la muerte de un trabajador de frontera en Aguas Blancas a manos de un disparo de escopeta tras un incidente registrado con efectivos de Gendarmería Nacional cuya responsabilidad política es de Bullrich.