“Hicimos esta denuncia con el aval de la familia” de la víctima, indicó Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
Marchese explicó que, “a partir de ahora, la relatoría le pedirá al Estado argentino un informe sobre lo que pasó" y que espera que eso "sea un impulso para reformas que garanticen que no se repitan casos así y que el Estado asuma sus responsabilidades para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en Tucumán y en el país”.
Es que la profesora de inglés había denunciado 13 veces al acusado, quien constantemente violaba las medias de restricción que le imponían, no obstante lo cual, no sufría consecuencias judiciales.
“Paola fue víctima de femicidio. Sufrió acoso durante años, sufrió violencia en razón de su género. A su vez, al denunciar la violencia de género sufrió violencia institucional por la omisión del Poder Judicial de brindar respuestas adecuadas”, planteó Andhes en el escrito presentado ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas.
“La ineficacia del actuar jurisdiccional ante casos de violencia de género es una consecuencia de la discriminación y la desigualdad estructural sufrida en razón del género, omitiendo así las obligaciones internacionales que el propio Estado Argentino asumió de Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres”, agrega el documento.
“En Tucumán existe la Ley de Emergencia en Violencia de Género Nro. 8.981 del año 2016, por el término de 2 años y prorrogada en el 2018 por la legislatura local, fue publicada en el Boletín Oficial con el número 9.237 y recién ratificada 500 días después por el gobernador de la provincia Juan Manzur” señala Andhes.
En este sentido, los abogados sostuvieron que “este tipo de prácticas dilatorias ante la problemática de género y violencias sufridas por las mujeres, como los femicidios y casos de acosos y abusos por motivos de género, se repiten habitualmente no sólo desde el poder judicial sino desde los otros poderes, como consecuencia de la discriminación y desigualdad estructural que impera en nuestra provincia”.
Andhes destacó además que "Tucumán fue la última provincia del país en adherir, en mayo de 2020, a la Ley Micaela, sancionada por el Congreso nacional en 2018”.
“Paola Tacacho no es un caso aislado; en Tucumán las mujeres en situación de violencia de género son también víctimas de la falta de acceso a derechos y tutela judicial efectiva de manera diaria”, concluyeron los abogados de esa organización.
La profesora de inglés fue asesinada a puñaladas en la calle el viernes 30 de octubre último y por el ataque fue acusado Mauricio Parada Parejas, quien había sido su alumno de un instituto terciario y la hostigaba desde hacía al menos cinco años.
Tras el ataque, cometido en Monteagudo al 500, en pleno centro de la ciudad de Tucumán, el agresor se suicidó con el mismo cuchillo al ser rodeado por un grupo de vecinos que le impidió escapar.
Tacacho había realizado 13 denuncias en contra de su agresor, sobre quien pesaba una orden de restricción de acercamiento, que quebrantada en forma sistemática.
Seis de esas presentaciones fueron archivadas, siete quedaron sin resolución y una estuvo en condiciones de ser elevada a juicio, pero el juez Francisco Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa.
El 15 de octubre Pisa presentó su renuncia condicionada ante el Poder Ejecutivo provincial, la que deberá ser aceptada por el gobernador Manzur.
La renuncia condicionada de Pisa le permitirá acceder a jubilarse como magistrado del Poder Judicial con el beneficio del 82 por ciento móvil.
Fuente Telam
