Además, pidieron que se cite a indagatoria a otras 23 personas, entre ellas algunos exespías que ya fueron indagados, pero también a exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF), como su exdirector Emiliano Blanco, y a otros exagentes del área de jurídicos de la AFI, como Juan Sebastián Distéfano.

El pedido de indagatorias presentado por los fiscales ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge se da en el marco del denominado "legajo 9" en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por exmiembros de la AFI junto a exagentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.

Con este nuevo dictamen, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora quedó quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria, el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas y el espionaje penitenciario.

En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal, el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el gobierno de Mauricio Macri e incorporó a sus funciones habituales trabajo operativo y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al poder judicial, explicaron fuentes judiciales.

Los imputados "se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520 respecto del actual procurador general del Tesoro Carlos Zaninni, el exvicepresidente Amado Boudou, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y el exministro de Plnificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal.

"También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos", sostuvieron los fiscales en el dictamen de 196 páginas al que tuvo acceso Télam.

Las tareas de inteligencia ilegal "alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de Derechos Humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales".

También a "agentes penitenciarios y miembros de su propia fuerza, que planificaban algún tipo de organización sindical y/o reclamos laborales por sí o por medio de sus familiares", señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.