Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron hoy ampliar la declaración indagatoria a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre personas detenidas.
Argentina23 de octubre de 2020
Sures Noticias
Además, pidieron que se cite a indagatoria a otras 23 personas, entre ellas algunos exespías que ya fueron indagados, pero también a exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF), como su exdirector Emiliano Blanco, y a otros exagentes del área de jurídicos de la AFI, como Juan Sebastián Distéfano.
El pedido de indagatorias presentado por los fiscales ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge se da en el marco del denominado "legajo 9" en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por exmiembros de la AFI junto a exagentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.
Con este nuevo dictamen, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora quedó quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria, el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas y el espionaje penitenciario.
En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal, el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el gobierno de Mauricio Macri e incorporó a sus funciones habituales trabajo operativo y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al poder judicial, explicaron fuentes judiciales.
Los imputados "se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520 respecto del actual procurador general del Tesoro Carlos Zaninni, el exvicepresidente Amado Boudou, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y el exministro de Plnificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal.
"También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos", sostuvieron los fiscales en el dictamen de 196 páginas al que tuvo acceso Télam.
Las tareas de inteligencia ilegal "alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de Derechos Humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales".
También a "agentes penitenciarios y miembros de su propia fuerza, que planificaban algún tipo de organización sindical y/o reclamos laborales por sí o por medio de sus familiares", señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.