El Senado aprobó hoy y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático para el personal que se desempeñe en la función pública.
Argentina 08 de octubre de 2020
Sures Noticias
La norma, que -al igual que con la Ley Micaela- lleva el nombre de su inspiradora, Yolanda Ortiz, la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, creada por Juan Domingo Perón en 1973 y la primera mujer en ejercer un cargo de esas características en América Latina.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad y presentada en conjunto entre senadores del oficialismo y del interbloque de Juntos por el Cambio.
Una de las autoras del proyecto, la senadora del Frente de Todos Eugenia Catalfamo, consideró "fundamental promover una verdadera conciencia ambiental en toda la sociedad" pero "sobre todo en aquellos agentes públicos que tienen que aplicar las leyes y en quienes diseñan las políticas públicas y legislan sobre ellas".
Gladys González, desde la oposición, sostuvo que Ortiz "dejó dos enseñanzas", por un lado que "no hay desarrollo económico sin protección ambiental y por el otro, que las mujeres pueden ocupar lugares importantes siendo verdaderos agentes de cambio".
Los siguientes son los puntos destacados de la norma que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados:
* Abarca todos los empleados de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
* La autoridad de aplicación deberá establecer, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, los lineamientos generales destinados a las capacitaciones, procurando que se incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión de conocimientos.
* La autoridad de aplicación deberá garantizar la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, en el proceso de confección de los lineamientos generales.
* Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también información relativa a la normativa ambiental vigente.
* Las máximas autoridades de los organismos dependientes de los poderes del Estado, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas que correspondan al área ambiental, si estuvieren en funcionamiento, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de esta ley.
* Los organismos públicos podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas existentes, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por los lineamientos generales. La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científica, y deberá ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde.
* El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, y se contemplará su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina.
* La autoridad de aplicación certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, que deberán ser enviadas dentro de los 90 días siguientes a la confección de los lineamientos generales, pudiendo realizarse modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad.
* En la página web de la autoridad de aplicación se publicará una reseña biográfica de la vida de Yolanda Ortiz, su compromiso político, científico y social, valorando especialmente los legados en términos de conciencia, educación, política pública y legislación ambiental.
* Las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación, a través y de conformidad con el organismo del que se trate.
* El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave, dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente y siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web de la autoridad de aplicación.
La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023 coloca a las Universidades Nacionales frente a una situación económica crítica. Frente a este escenario, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizaron un análisis detallado del presupuesto universitario desde el año 1997 hasta el primer trimestre del 2024.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad hizo públicos los elementos que llevaron a la condena a prisión perpetua dictada para el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el expolicía de la Comisaría 1era de Berazategui, Juan Humberto Keller, por el homicidio de un hombre y los secuestros y torturas a los que fueron sometida su tía, sus primos menores de edad y su medio hermano. Impulsado por la fiscalía, analizó diferentes conceptos que influyen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
Milei, disfrazado de militar, así se expresó en Tierra del Fuego, adonde viajó para reunirse con la general del Ejército norteamericano y jefa del Comando Sur, Laura Richardson. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella no recibió a Richardson.
Mediante un comunicado firmado por los titulares de APA, APLA, APTA y UPSA, los dirigentes apuntaron al Gobierno de Javier Milei y enfatizaron que "el achicamiento implica una pérdida de soberanía, lo que tendrá efectos concretos sobre la destrucción de trabajo argentino y la entrega de la aviación a compañías extranjeras".
En la audiencia del ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 indagó al exsecretario de Comercio Interior y a la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Beatriz Paglieri, mientras que las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se abstuvieron de declarar. El debate continuará el próximo miércoles 10 de abril.
Dirigentes gremiales de la mesa chica de la central obrera informaron a Somos Télam que recibirán a senadores nacionales para "seguir construyendo puentes a través de las cuestiones políticas y las leyes que el Gobierno ha presentado o presentará en el Parlamento".
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.