La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023 coloca a las Universidades Nacionales frente a una situación económica crítica. Frente a este escenario, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizaron un análisis detallado del presupuesto universitario desde el año 1997 hasta el primer trimestre del 2024.
Argentina13 de abril de 2024
Sures Noticias
Los hallazgos más significativos:
Sin una ampliación presupuestaria, la financiación universitaria registraría su nivel más bajo desde que se tiene registro (1997).
Para 2024, el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior (principal programa universitario) es un 72% más bajo en comparación con el año anterior.
La caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue del 34,4%, esta cifra es incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional que disminuyó el 30%.
En Argentina, el presupuesto destinado al sistema educativo superior está compuesto por distintas partidas, pero la principal es Desarrollo de la Educación Superior, que explica más del 90% del gasto total. Otros programas de menor peso son el de las Becas PROGRESAR , Infraestructura universitaria y Evaluación y Acreditación
Universitaria- CONEAU .
La decisión del poder ejecutivo de prorrogar el presupuesto del añoanteriorimplica una reducción del 72% en términos reales para" Desarrollo de la Educación Superior”.
De no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles , este será el presupuesto universitario más bajo desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa(gráfico
Gastos por estudiantes
Desde el año 2000, la cantidad de estudiantes de pregrado y grado en el sector de gestión estatal ha experimentado un aumento constante, pasando de 1.138.503 a 2.065.115 en 2021 . Si consideramos que esta cifrasehamantenidoconstanteenlos últimos años, se puede observar que en el año actual, el presupuesto disponible por estudiante es el más bajo de toda la serie. Se estima que este año se destinarán aproximadamente $690.000 por persona, lo que representa una reducción del 72% con respecto al año anterior y un 82% menos que en 2013, cuando se alcanzó el máximonivel degastoporestudiante.
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El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
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Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
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El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.