En la audiencia del ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 indagó al exsecretario de Comercio Interior y a la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Beatriz Paglieri, mientras que las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se abstuvieron de declarar. El debate continuará el próximo miércoles 10 de abril.
Argentina04 de abril de 2024
Sures Noticias
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal -integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini- inició hoy el juicio oral y público seguido contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Beatriz Paglieri y las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda por la manipulación de datos del organismo, ocurrida entre marzo de 2006 y agosto de 2007. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Diego Luciani, a cargo de la Fiscalía General N°1 ante los TOCF y el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz.
La jornada inició pasadas las 9.30 con la lectura de la acusación y el tratamiento de cuestiones preliminares introducidas por las partes. Tras ello, los jueces recibieron la declaración indagatoria de Moreno y Paglieri, mientras que las empleadas del organismo Filia y Cámpora Avellaneda, se abstuvieron de declarar. El debate se lleva adelante en la sala B de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002.
En sus declaraciones, Moreno y Paglieri se remitieron a sus dichos y descargos brindados oportunamente en la investigación, al tiempo que el exsecretario de Comercio también contestó las preguntas formuladas por la fiscalía.
Cabe recordar que el exsecretario de Comercio Interior y la exdirectora del IPC llegaron a esta instancia acusados como autor y coautora, respectivamente, de los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos reiterados en siete oportunidades. Por su parte, las dos empleadas del organismo están acusadas como partícipes primarias de los mismos hechos. El debate continuará el próximo miércoles 10 de abril, desde las 9.30.
El caso
La investigación -desarrollada por la Fiscalía Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli- se inició en 2007 por la denuncia formulada por el abogado de la asociación civil sin fines de lucro “Asamblea por los Derechos Sociales” respecto a una serie de publicaciones periodísticas que daban cuenta de las circunstancias y el contexto en el que se habría desplazado a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua.
De acuerdo con ello, Moreno le habría ordenado a la funcionaria que le revelara los datos correspondientes a los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios, a fin de “visitar” esas firmas. Como Bevacqua se habría negado a ello -amparada en el secreto previsto en la Ley 17.622 de Estadística y Censo-, Moreno la habría reemplazado por Paglieri. El denunciante también advertía sobre una adulteración y/o manipulación del índice inflacionario publicado por el INDEC en enero de 2007.
En ese contexto, el fiscal Stornelli se abocó a determinar si Moreno violó el secreto estadístico y si se falsearon los datos estadísticos del IPC. Posteriormente, a la investigación se acumuló la denuncia de los entonces senadores nacionales Gerardo Morales y Ernesto Sanz sobre las conductas desplegadas por la exministra de Economía, Felisa Micelli, Moreno y por Paglieri, cuyo nombramiento se habría dado con el fin de falsear los índices inflacionarios. También se cuestionó la designación de Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, quienes no habrían acreditado su experiencia técnica y tampoco habrían participado de un concurso previo de oposición y/o antecedentes.
Oportunamente, el fiscal Stornelli solicitó el procesamiento de Moreno, Paglieri, Filia, Cámpora Avellaneda y la difunta exdirectora del INDEC, Ana María Edwin. En agosto de 2018, requirió la elevación a juicio de la investigación.
En tal sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal tuvo por probado que Moreno abusó de su autoridad para designar personas de su confianza en el INDEC y, así, poder controlar el IPC y obtener un coeficiente de evolución de la inflación más bajo que el esperable. De acuerdo con la acusación, el exsecretario de Comercio habría hostigado a funcionarios del organismo para conocer información protegida por el secreto estadístico y, ante su negativa, los habría reemplazado por gente de su confianza.
Por su parte, Paglieri -en su calidad de directora del IPC- habría violado los deberes a su cargo y abusado de sus funciones como directora del IPC y le habría brindado a Moreno -directamente o a través de Filia y Cámpora Avellaneda- información clasificada. Asimismo, habrían adulterado los índices de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007.
Moreno negó la acusacion
Guillermo Moreno negó haber manipulado las estadísticas del INDEC, en el inicio del juicio en su contra
El ex funcionario dijo que no necesitaba del INDEC para hacer su trabajo y que "conversaba" con los empresarios sobre el valor de los productos
En la primera jornada del debate, Moreno ensayó una defensa desde el punto de vista de la gestión política.
El ex funcionario respondió negativamente pero luego aceptó responder preguntas y minimizó su papel en el organismo que mide la inflación.
"Yo no precisaba el INDEC para mi trabajo. Yo tenía todos los precios del mercado", señaló el ex secretario.
Entonces, explicó que durante su gestión al frente del área de Comercio Exterior "conversaba" directamente con los empresarios sobre el valor de los principales elementos de la canasta familiar, porque el objetivo era "preservar el valor del salario".
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.