Si bien D'Alessio optó por no declarar y avisó que presentará un escrito cuando su defensa haya podido analizar toda la prueba, Télam pudo reconstruir que la lectura de la imputación, que incluyó 50 hechos, videos, audios, documentos e informes, demandó más de cuatros horas.

En esta parte del trámite de la causa los investigadores avanzaron, además, en el supuesto vínculo del detenido D'Alessio con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otros organismos del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes con acceso al expediente.

Entre quienes investigan el caso D'Alessio, la asociación delictiva que integraba el falso abogado no tenía "vínculos con el Estado" sino que era directamente una "organización criminal para-estatal" con "vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia y participación de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, como con integrantes de los medios de prensa, dedicada a realizar, de forma organizada y con permanencia en el tiempo, múltiples planes delictivos de diversa índole –con fines económicos, políticos y judiciales relacionados fundamentalmente con el espionaje ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico", según surge del expediente.

"No se trata de una organización con intereses particulares que se vincula con el Estado sino de una organización delictiva que responde a intereses últimos del Estado", sostuvo una fuente que sigue de cerca el expediente que tramita en la justicia federal de Dolores.

Por la causa se encuentran detenidos D'Alessio, los ex comisarios bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y el exagente de la AFI Rolando Barreiro; están procesados los fiscales Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bidone y fue indagado otro ex AFI, Pablo Pinamonti.

Según la acusación a la que tuvo acceso Télam, Pinamonti -que estuvo al frente del proyecto de la AFI para colocar bases en la provincia de Buenos Aires- "tuvo conocimiento, le reportaron, dispuso y/o coordinó distintas maniobras de inteligencia ilegales realizadas materialmente por los otros miembros de la organización delictiva".

Como ejemplo, en la imputación que se le leyó a Pinamonti se destacó que conocía en tiempo real "la maniobra desarrollada respecto de (Gonzalo) Brusa Dovat -a quien D'Alessio identificaba como 'arrepentido' o el 'Centeno de PDVSA'- mediante intercambio de comunicaciones con Bogoliuk- quien le reportaba las comunicaciones que recibía, por su parte, de D´Alessio".

Otro de los hechos que se le leyó hoy al falso abogado tiene que ver con la operación para intentar vincular a Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina que derivó en el Triple Crimen de General Rodriguez en 2008: en la causa judicial hay cuatro documentos encabezados como "Informe MD" -por las iniciales del falso abogado- que se secuestraron de su computadora y que tienen al pie la firma del fiscal Bidone, que intervenía en un desprendimiento de esa causa.

Uno de los informes, fechado el 10 de mayo de 2018, asegura que "los teléfonos de Aycacip (Asociación de Industriales de Caza y Pesca) eran utilizados por la gente del RENAR. Ahí puede encontrarse la vinculación con Aníbal Fernández. Esos teléfonos se comunicaban con Martín Lanatta", en relación a uno de los condenados por el triple asesinato.

La causa se inició el 28 de enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que había sido extorsionado por D'Alessio, quien, dijo, le exigió dinero para evitar que el fiscal Stornelli lo imputara en la "causa de los cuadernos" de las coimas por la obra pública.