El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, amplió hoy la indagatoria del falso abogado Marcelo D'Alessio en la causa que se le sigue por espionaje ilegal y extorsión y le leyó nuevos hechos en los que se encuentra imputado, entre los que destaca una operación para intentar vincular al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina y el Triple Crimen de General Rodríguez.
Argentina13 de julio de 2020
Sures Noticias
Si bien D'Alessio optó por no declarar y avisó que presentará un escrito cuando su defensa haya podido analizar toda la prueba, Télam pudo reconstruir que la lectura de la imputación, que incluyó 50 hechos, videos, audios, documentos e informes, demandó más de cuatros horas.
En esta parte del trámite de la causa los investigadores avanzaron, además, en el supuesto vínculo del detenido D'Alessio con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otros organismos del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes con acceso al expediente.
Entre quienes investigan el caso D'Alessio, la asociación delictiva que integraba el falso abogado no tenía "vínculos con el Estado" sino que era directamente una "organización criminal para-estatal" con "vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia y participación de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, como con integrantes de los medios de prensa, dedicada a realizar, de forma organizada y con permanencia en el tiempo, múltiples planes delictivos de diversa índole –con fines económicos, políticos y judiciales relacionados fundamentalmente con el espionaje ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico", según surge del expediente.
"No se trata de una organización con intereses particulares que se vincula con el Estado sino de una organización delictiva que responde a intereses últimos del Estado", sostuvo una fuente que sigue de cerca el expediente que tramita en la justicia federal de Dolores.
Por la causa se encuentran detenidos D'Alessio, los ex comisarios bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y el exagente de la AFI Rolando Barreiro; están procesados los fiscales Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bidone y fue indagado otro ex AFI, Pablo Pinamonti.
Según la acusación a la que tuvo acceso Télam, Pinamonti -que estuvo al frente del proyecto de la AFI para colocar bases en la provincia de Buenos Aires- "tuvo conocimiento, le reportaron, dispuso y/o coordinó distintas maniobras de inteligencia ilegales realizadas materialmente por los otros miembros de la organización delictiva".
Como ejemplo, en la imputación que se le leyó a Pinamonti se destacó que conocía en tiempo real "la maniobra desarrollada respecto de (Gonzalo) Brusa Dovat -a quien D'Alessio identificaba como 'arrepentido' o el 'Centeno de PDVSA'- mediante intercambio de comunicaciones con Bogoliuk- quien le reportaba las comunicaciones que recibía, por su parte, de D´Alessio".
Otro de los hechos que se le leyó hoy al falso abogado tiene que ver con la operación para intentar vincular a Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina que derivó en el Triple Crimen de General Rodriguez en 2008: en la causa judicial hay cuatro documentos encabezados como "Informe MD" -por las iniciales del falso abogado- que se secuestraron de su computadora y que tienen al pie la firma del fiscal Bidone, que intervenía en un desprendimiento de esa causa.
Uno de los informes, fechado el 10 de mayo de 2018, asegura que "los teléfonos de Aycacip (Asociación de Industriales de Caza y Pesca) eran utilizados por la gente del RENAR. Ahí puede encontrarse la vinculación con Aníbal Fernández. Esos teléfonos se comunicaban con Martín Lanatta", en relación a uno de los condenados por el triple asesinato.
La causa se inició el 28 de enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que había sido extorsionado por D'Alessio, quien, dijo, le exigió dinero para evitar que el fiscal Stornelli lo imputara en la "causa de los cuadernos" de las coimas por la obra pública.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.