Las autoridades de Ambiente del país, nucleadas en el COFEMA, participaron hoy de modo virtual de la reunión de la Comisión de Impacto Ambiental, marco en el cual se trabaja en el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la evaluación de impacto ambiental.
Argentina26 de junio de 2020
Sures Noticias
La comisión, que es coordinada por la provincia de Santa Cruz, con la coordinación alterna de Corrientes y la secretaría de actas de Mendoza, continúa debatiendo los artículos de la norma. Al respecto, se considera prioritaria la participación pública en los proyectos, por lo que se contempla que la sociedad cuente con información técnica de manera temprana de manera que pueda realizar sus consideraciones, previo a la elaboración del estudio de impacto ambiental.
Por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación estuvieron presentes Sandra Carlino, directora nacional de Evaluación Ambiental, y Manuel Morrone, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental.
Las autoridades provinciales que participaron del encuentro fueron: Santiago Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja y actual presidente del COFEMA; Mariano Bertinat, secretario de Estado de Medio Ambiente de Santa Cruz; Mario Rujana, Administrador del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA); Soledad Barros, coordinadora de Unidad de Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza; Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente, e Isabel Brandan, directora general de Control y Fiscalización Ambiental, ambos de Santiago del Estero; Daniela Liebeskind, directora de Evaluación Ambiental y Fiscalización del Ministerio de Ambiente de Jujuy; Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente de Tucumán; y José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental de San Juan.
Además, asistieron representantes técnicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Fe.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.