El juicio por 366 violaciones a los derechos humanos en Tucumán, cometidas presuntamente en el inicio del Operativo Independencia, en febrero de 1975, por la última dictadura militar, se reanudará el próximo jueves, tras sortear dificultades de conexión que impidieron la reapertura del proceso la semana pasada.
Argentina14 de junio de 2020
Sures Noticias
La audiencia, que se realizará a través de una videoconferencia, se realizará el 18 de junio a las 9.30, comunicó el secretario del Tribunal, Mariano García Savalía, quien aclaró que el miércoles se realizará "una prueba con la participación de todas las partes para verificar las condiciones de conectividad".
Los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y José Quiroga Uriburu juzgarán cinco procesos judiciales acumulados, que tuvieron trámites separados durante la investigación.
Las causas incluyen la segunda parte del juicio "Operativo Independencia", en el que se debatirán los mismos casos que fueron juzgados en 2016 y 2017, pero con nuevos acusados.
Otro expediente, conocido como "Tártalo", está referido a hechos ocurridos en la Jefatura de Policía e incluye casos originalmente reunidos en el juicio llamado "Jefatura II", pero con nuevos imputados.
El debate también contiene tres procesos referidos a los centros clandestinos de detención "Arsenal" y "Reformatorio", que presentan dos víctimas nuevas: el entonces senador provincial Dardo Molina y el sastre Osvaldo Muñoz, y se juzga la responsabilidad de dos nuevos imputados.
En tanto el martes proseguirán, por medios electrónicos, en los tribunales federales de San Martín los alegatos del juicio "Arsenal Naval de Zárate" y otros centros clandestinos del circuito represivo que funcionó en esa ciudad y que operó también en la vecina localidad de Campana durante la última dictadura cívico militar.
Se trata de la causa caratulada como "Di Nápoli Omar Edgardo", que está a cargo del Tribunal Oral Federal Número 2 de San Martín -integrado por Daniel Antonio Petrone, Daniel Alberto Cisneros y María Marta Dos Santos-, y en la que se juzgan privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones cometidos en el circuito represivo de Escobar, Zárate y Campana entre marzo y abril de 1976.
El miércoles, también en San Martín y por el sistema de videoconferencias, continuará el juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1978 en Campo de Mayo contra 323 víctimas que fueron secuestradas en la Zona de Defensa IV.
En este juicio están siendo juzgados Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.
Muchas de las víctimas que pasaron por los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo eran trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.
El viernes, en San Juan, se retomarán las audiencias del juicio de la Megacausa III por un sistema de transmisión a distancia, en función de las restricciones impuestas por el aislamiento dispuesto por la pandemia de coronavirus.
También el viernes continuará, en Mendoza y por medios electrónicos, el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.
El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas -"Destacamento" y "Fuerza Área"- agrupan a 16 de los veinte acusados.
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Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
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El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.