El plenario de gremios docentes universitarios resolvió un plan de lucha inmediato. Habrá paro nacional y una movilización al Congreso el mismo día que se trate el veto. El Gobierno enfrenta otro frente de conflicto en medio de la tensión política tras la derrota electoral en Buenos Aires.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) aseguró que el supuesto incremento salarial del 7,5 % anunciado por el Ministerio de Capital Humano ya había sido acordado previamente con UPCN y aún no se aplicó. El único cambio es un bono único de 25 000 pesos por dedicación completa, y se ratificó el paro hasta el viernes.
Este jueves se realizará una nueva manifestación en las universidades para demandar un incremento en el presupuesto, así como la inmediata actualización de los salarios y asegurar una universidad pública que sea "gratuita, inclusiva y de calidad". También se llevará a cabo un paro de docentes universitarios durante 48 horas. En Córdoba desde las 17 hs. habrá concentración, ronda de antorchas, intervenciones artísticas y clase pública. Frente a la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (Velez Sarsfield y D. Quirós).
Este martes 20 de mayo, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba (ADIUC) convocó un paro docente universitario como parte de la semana nacional de protesta y visibilización organizada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
El Auditorio de la Casa de las Madres, en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), fue ayer la sede del lanzamiento del “Ciclo de Foros Federales 2025: Hacia el Encuentro por una Universidad Democrática, Popular y Feminista”, un espacio creado para defender la universidad que tenemos y seguir construyendo la universidad que queremos, según los convocantes.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales se reunió con el fin de trazar una estrategia para enfrentar la política del gobierno nacional que profundiza la pérdida salarial de las trabajadoras y los trabajadores y el desfinanciamiento estructural de las universidades nacionales.
En medio de las recientes tensiones entre los gremios universitarios y la administración nacional liderada por Milei, relacionadas con la financiación de la educación superior, el Ejecutivo ha oficializado un incremento del 70% en el presupuesto destinado a las universidades.
El Frente Sindical Universitario declaró la medida de fuerza en respuesta al "desaire del gobierno nacional a la paritaria" del sector.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.