crímenes de lesa humanidad

Cuatro exagentes de inteligencia comenzaron a ser juzgados por privaciones ilegales de la libertad, torturas y violencia sexual en los centros clandestinos de detención Automotores Orletti y Base Pomar, durante la última dictadura militar argentina. El proceso, que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, forma parte de la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor y la represión sistemática contra opositores políticos.

La SIDE y la banda de Aníbal Gordon enfrentan un nuevo juicio por secuestros, torturas y crímenes cometidos en los centros clandestinos Automotores Orletti y Base Pomar, así como por el secuestro y apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.​

Se llevó a cabo una reunión de la comisión de coordinación que definió un plan de trabajo para el próximo año. La entrega se realizará mediante dos eventos públicos, en conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado. En la actualidad, el registro de víctimas desaparecidas y sobrevivientes de la UNNE supera los 170. La corrección de los legajos fue sugerida por el MPF como una medida reparadora en los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Hay 539 personas detenidas, de las cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario. Actualmente se desarrollan 13 juicios orales y públicos en todo el país. Otras 60 causas fueron elevadas a juicio, mientras 280 se encuentran en fase de investigación.

Así lo determinó la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Consideró que se le otorgó el beneficio sin contar con un certero pronóstico de reinserción favorable y que hubo una desconsideración en la opinión de las víctimas. Losito cuenta con una prisión perpetua unificada por sus condenas en 2008 por la causa Regimiento 9 y en 2011 por la Masacre de Margarita Belén. En enero había sido dado de baja del Ejército argentino.

Es por hechos ocurridos en su gran mayoría en la ciudad de Río Cuarto, que incluyen privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y abusos sexuales. La mayoría de las víctimas eran estudiantes, docentes o personal de la Universidad Nacional de esa ciudad, e incluso en uno de los casos el secuestro se produjo dentro de la misma casa de estudios. Requerimiento del fiscal Carlos Gonella y los auxiliares fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo

La Plata. La decisión fue adoptada en la causa donde se investiga el accionar de la Armada y de la Prefectura Naval en Berisso y Ensenada, luego del anuncio oficial de la mudanza del acervo, que incluiría su “depuración” y la “trituración” de información.

Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.

El Ministerio Público Fiscal culminó su exposición en el proceso oral y público donde se juzga la intervención de integrantes de las brigadas de la Superintendencia de Seguridad Federal en seis procedimientos ilegales, en los que fueron asesinadas diez personas y otras dos fueron desaparecidas. También reclamó condenas de seis años de prisión para dos expolicías y la imposición de diferentes penas de inhabilitación para los quince acusados.

El Ministerio Público Fiscal expuso sobre el contexto en que se cometieron los delitos, el objeto procesal, la planificación y la metodología del exterminio, y la caracterización de los centros clandestinos de detención. Es el octavo juicio de lesa humanidad que se realiza en Bahía Blanca y el decimosexto de la Zona V.

Los culpables de la denominada Noche de los Lápices, donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes, Banfield y Brigada de Lanús, han sido condenados a cadena perpetua hoy por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata tras un proceso judicial de diez años.

La oficina especializada analiza las principales estadísticas del proceso de juzgamiento. El 18% de las personas sometidas a proceso se encuentra detenida, la mayor parte de ellas en arresto domiciliario. Las demoras se producen en la etapa recursiva, lo que implica que menos de la mitad de las sentencias se encuentre firme. Hay 62 causas en condiciones de celebrar el debate, pero solo 3 tienen fecha de inicio.