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La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca expuso ayer inicio de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad en el juicio denominado "Megacausa Zona V", en el que se juzga a 36 exmilitares y expolicías por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 333 víctimas durante la época del terrorismo de Estado. El Ministerio Público Fiscal (MPF) está representado por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, y por Paula Daniela Molini y Pablo Vicente Fermento, auxiliares fiscales, quienes continuarán con la exposición el 15 de abril.
En la jornada 91° del debate, que se realizó con modalidad virtual y presencial, el MPF expuso sobre el contexto en que se cometieron los delitos, el objeto procesal, la planificación y la metodología del exterminio, y la caracterización de los centros clandestinos de detención.
En ese sentido, el fiscal general Palazzani sostuvo en la audiencia: “Nosotros, como funcionarios de un Estado democrático, reivindicamos que son 30 mil los desaparecidos y que seguimos trabajando para construir memoria, buscar la verdad, conocer el destino de los desaparecidos, los bebes apropiados, realizar la justicia, combatir la impunidad y consolidar un efectivo nunca más”.
Por otra parte, sostuvo que en el total de las causas de delitos de lesa humanidad “el índice de absoluciones y desvinculación del proceso es muchísimo más elevado en estas causas que en las causas comunes”.
En este debate se juzgan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual cometidos desde la jefatura del V Cuerpo de Ejército, cuya sede estaba en Bahía Blanca y que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires -partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones-, y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En el transcurso del juicio, que comenzó a inicios del 2022, dieron testimonio 188 personas. Trece acusados fallecieron desde la elevación a juicio, mientras que cinco murieron desde inicio del debate. En total, 36 son los imputados que enfrentan el debate, que son exoficiales de la jefatura del V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181, exintegrantes de fuerzas de seguridad y exagentes penitenciarios.
En representación de las querellas intervienen en el juicio la agrupación H.I.J.O.S. de Bahía Blanca, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
“Nosotros, como funcionarios de un Estado democrático, reivindicamos que son 30 mil los desaparecidos y que seguimos trabajando para construir memoria, buscar la verdad, conocer el destino de los desaparecidos, los bebes apropiados, realizar la justicia, combatir la impunidad y consolidar un efectivo nunca más”.
Alegato
El fiscal general inició el alegato del MPF a las 9.00. “Queremos empezar sentando una sólida postura respecto de una cuestión que ha sido siempre emblemática y hoy se pretende nuevamente llevarlo al campo de la disputa: simbólica la cuestión de los desaparecidos”, sostuvo Palazzani en el comienzo, y agregó: “Queremos ser claros, son 30 mil”. Seguidamente, indicó que “la cifra tiene el valor de darle una dimensión a algo que no nos permiten conocer", y que "la fuerza y la aceptación de esa cifra reside en torno a reclamar lo que no nos permiten saber por el pacto de silencio y la destrucción de pruebas”.
Remarcó asimismo que este es el octavo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en Bahía Blanca y el decimosexto de la Zona V, pero que es histórico “por ser más denso en la cantidad de víctimas y de reconocimiento de circuitos represivos en la ciudad de Bahía Blanca”. Añadió que “lo que se esta juzgando es un Estado criminal que no encuentra equivalencias de ningún tipo respecto de civiles”.
Por su parte, Fermento expuso sobre cómo fue la planificación del exterminio, detallando las directivas y los decretos que el régimen militar fue montando para la consumación de las acciones criminales. Sobre ello, destacó “la existencia de estructuras y subestructuras con distintos niveles de autonomía y de coordinación entre sí.” Agregó: “No podemos hablar acá de una sola empresa criminal conjunta, o de empresas criminales conjuntas aisladas; son estructuras con coordinación, en todo esto hay un concepto de dirección centralizada y ejecución descentralizada”.
Por su parte, Molini indicó que “ha quedado reconocido en unánimes sentencias que hay algunos pilares sobre los que se asentó el plan sistemático: secuestrar de forma masiva, extraer información bajo tortura, asesinar y ocultar todo lo hecho bajo métodos tales como la clandestinidad o la desaparición de personas”. Asimismo, la auxiliar fiscal expuso la zonificación militar de Argentina entre 1975 y 1983, en el marco de la cual los delitos que en ese debate se juzgan fueron perpetrados en la Zona V, Subzona 51, Área 511.
Por último, la fiscalía expuso sobre los centros clandestinos que fueron el escenario de los delitos cometidos. En ese sentido, Fermento remitió a la inspección ocular que el tribunal realizó en noviembre del año pasado en la sede de la jefatura local de la Policía bonaerense, en el Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército y en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita”. De esta forma, describió cómo era el funcionamiento en estos espacios a través de los distintos testimonios brindados durante el proceso.
“Lo que se esta juzgando es un Estado criminal que no encuentra equivalencias de ningún tipo respecto de civiles”, sostuvo el fiscal general.
Imputados
En el juicio están acusados como coautores de distintos delitos de lesa humanidad los exmilitares que integraron el Comando del V Cuerpo de Ejército Mario Horacio Torres, quien revistaba como jefe del Departamento III; Osvaldo Bernardino Paéz, quien se desempeñó como oficial de Estado Mayor; Carlos Alberto Ferreyra, Jorge Aníbal Masson y Jorge Horacio Rojas, quienes formaron parte del grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas”; Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Eduardo Condal, quienes cumplieron funciones en el Departamento II de Inteligencia; y Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y Victor Raúl Aguirre, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 181.
Entre los imputados militares se encuentran además los profesionales de la salud Humberto Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, quienes –para la acusación– realizaron tareas en el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita” que permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas. Mientras que Adalberti se desempeñó en el Hospital de Evacuación 181, Bonini cumplió funciones como enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV Logística, del Comando V Cuerpo de Ejército, con el grado de sargento primero.
Por otra parte, están acusados Bernardo Artemio Cabezón, Jose Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen, Desiderio Andrés González y Raúl Artemio Domínguez, quienes formaron parte de la Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y están imputados por haber cumplido servicio como guardias del CCDyT “La Escuelita”. También integran la nómina los acusados Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Alberto Daniel Rey Pardellas, José Antonio Maidana, Ricardo Claudio Gandolfo, Raúl Esteban Andrés, Enrique Stel, Eduardo Carlos Videla, Martin Guttierez Velasco, Vicente Alfredo Flores, quienes en el momento de los hechos ejercían funciones en el Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Por último, también se encuentra dentro de los militares acusados Oscar Lorenzo Reinhold, quien al momento de los hechos era oficial de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Montaña VI, con asiento en Neuquén.
También están acusados los ex militares Roberto Carlos Brunello y Emilio Ramón Etchart, cuyas causas se acumularon en el proceso en mayo del año pasado. Brunello era el jefe de la Compañía Combate "My Keller" del Batallón de Comunicaciones 181, la cual tenía a su cargo la ejecución de los operativos de secuestro llevados a cabo por esa unidad. El acusado también integró la plana mayor del mismo batallón, en la doble calidad de oficial de Inteligencia (S2, en la jerga castrense) y oficial de Personal (S1) y ayudante del jefe.
Por su parte, Etchart era jefe de sección de la Compañía Comunicaciones y Comando del Batallón de Comunicaciones 181 y, de acuerdo con la acusación, en esa calidad participó en operativos de secuestros de personas durante la época del terrorismo de Estado, particularmente en el que se realizó en el partido de Villarino el 9 de septiembre de 1976. Tanto Etchart como Brunello permanecieron prófugos durante varios años hasta que pudieron ser capturados.
Por último, entre los expolicías imputados se encuentran Claudio Alejandro Kussman, quien fue oficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y Hector Abelleira, quien se desempeñaba como oficial principal de la Delegación Viedma de la Policía Federal; y Hector Luis Selaya, quien era el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.
