La oficina especializada analiza las principales estadísticas del proceso de juzgamiento. El 18% de las personas sometidas a proceso se encuentra detenida, la mayor parte de ellas en arresto domiciliario. Las demoras se producen en la etapa recursiva, lo que implica que menos de la mitad de las sentencias se encuentre firme. Hay 62 causas en condiciones de celebrar el debate, pero solo 3 tienen fecha de inicio.
19 de diciembre de 2023
Sures Noticias
"Este 2023 se cumplen 17 años desde la primera sentencia en causas de lesa humanidad luego de la reapertura de las investigaciones judiciales que fueron interrumpidas por las leyes de impunidad y los indultos, y 47 años desde el inicio del contexto represivo en el que se cometieron los crímenes", señala la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en su informe anual y destaca que el proceso de juzgamiento iniciado con los primeros debates realizados en 2006 permitió juzgar a 1357 personas, de las cuales 1173 resultaron condenadas y 184 absueltas, en 316 sentencias.
La oficina a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos desarrolla en su informe -con datos actualizados al 6 de diciembre pasado- diferentes variables sobre la situación de las personas sujetas a proceso y el avance de las causas judiciales, en base a datos de elaboración propia a partir de la sistematización, procesamiento y análisis de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales especializadas de todo el país.
El informe refiere que en estos 17 años fueron requeridas por el MPF para su investigación 3744 personas y que actualmente hay 685 causas en trámite. En tal sentido, indica que "continúa siendo significativo el número de personas que atraviesa el proceso de juzgamiento y aún no han obtenido sentencia (50%). De ellas, 394 se encuentran procesadas, 146 con falta de mérito y 94 sobreseídas". Agrega que "hay 510 personas que tienen pedido de indagatoria sin que ésta se haya desarrollado, y 92 personas imputadas ya fueron indagadas sin que se haya resuelto su situación procesal".
Del universo total de personas bajo investigación, 1485 (el 40%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 674 (18%) están detenidas. La modalidad de detención es la siguiente:
El 77% está bajo arresto domiciliario.
El 14% permanece en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales.
Casi un 9% está detenido en la unidad penal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, que -por estar dentro de un predio con custodia castrense- la procuraduría no considera un lugar de detención penitenciario.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad indica que "los datos muestran que aún resta avanzar en la confirmación de sentencias de la mayor parte del universo de personas condenadas y absueltas", puesto que 387 de las 1173 condenadas y 40 de las 184 absueltas tienen sentencia firme.
Por otro lado, se registran 36 prófugos en causas en trámite en diferentes jurisdicciones. El detalle de su situación es la siguiente:
10 fueron ubicados en el exterior, pero los países donde se encuentran han denegado su extradición.
5 fueron localizados, pero aún no fueron extraditados.
1 se encuentra en proceso de extradición.
Sobre los restantes 20 se desconoce su paradero.
Las sentencias y los recursos.
Informe completo
Durante 2023, tribunales de todo el país dictaron sentencia respecto de 72 personas acusadas, 56 de los/as cuales fueron condenados/as. Es un número superior al del año pasado, cuando se habían registrado 65 personas sentenciadas, aunque en 2022 los/as condenados/as fueron 58.
A lo largo del año que culmina se iniciaron 26 juicios orales, de los cuales 13 continúan en curso. En tanto, 62 causas tienen dictada la elevación a juicio y solo 3 de ellas tienen fecha de inicio de debate.
Por otro lado, 115 de las 316 sentencias dictadas desde 2006 se encuentran firmes. En tanto, 171 sentencias, el 54%, posee aún alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas que tuvo sentencia, tanto ante la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia.
La procuraduría destaca al respecto que el promedio general de tiempo de tramitación desde la presentación del requerimiento de elevación a juicio hasta la confirmación definitiva por parte de la Corte es de 5 años y 9 meses. En el año en curso el promedio se acrecentó en 6 meses respecto de 2022, añade la oficina especializada, que también traza un promedio del tiempo que llevan otras etapas trascendentes del proceso:
Pasan 4 meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la investigación.
Transcurren 2 años y 3 meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto.
3 años y 9 meses pasan entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.
La Cámara Federal de Casación revisó durante 2023 unas 24 sentencias definitivas, de las cuales confirmó 13, en 7 dispuso un reenvío al tribunal de origen para que dicte nueva sentencia y las restantes 4 corresponden a revisiones de segundas y terceras sentencias, luego de haber sido reenviadas al tribunal de origen.
La procuraduría concluye que "los datos muestran que aún resta avanzar en la confirmación de sentencias de la mayor parte del universo de personas condenadas y absueltas", puesto que 387 de las 1173 condenadas y 40 de las 184 absueltas tienen sentencia firme. "Se observa que, del universo de condenados/as, 270 (23%) falleció previo a que la sentencia se encuentre firme, y 26 (14%) en el caso de los/as absueltos/as", detalla.
Asimismo, marca que, si bien se ha registrado una constante en la cantidad de pronunciamientos dictados año a año que incluyen como delitos autónomos las distintas formas de la violencia sexual, continúa siendo un 16% las sentencias que abordan de esta forma aquellos crímenes. En rigor, de las 316 dictadas desde 2006, 51 contemplan delitos por violencia sexual que damnificaron a 238 víctimas (201 mujeres y 37 varones).
Un congreso federal de comunicación se realizará los próximos 9 y 10 de agosto en la ciudad de La Plata, convocado por las tres centrales sindicales, con el objetivo de debatir sobre la necesidad de “una cultura federal y una comunicación democrática”, en el marco de la aplicación de políticas neoliberales del gobierno de Javier Milei.
La CGT ratificó la convocatoria al paro del próximo 9 de mayo en una conferencia posterior a la masiva movilización por el Día del Trabajador y la Trabajadora mientras que adelantó que quieren “hablar con todos los bloques del Senado” para evitar la sanción de la Ley Bases impulsada por el Gobierno nacional.
El gobernador de Catamarca expresó que es momento de "ayudar" al Gobierno y de "proporcionar al presidente (Javier Milei) las herramientas necesarias" para la gestión del país.
Los agentes del D-2 fueron condenados por delitos de "privación ilegítima de la libertad, uso de violencia, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado". En discrepancia con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba dispuso la absolución de una ex funcionaria judicial y de una civil que habían sido señaladas por el falso testimonio que permitió la inscripción de una niña como hija de dos personas que no eran sus progenitoras.
Argentina descendió 26 posiciones en el ranking de Libertad de Prensa, y la entidad responsable de la estadística alertó que la asunción del presidente Javier Milei "representa un preocupante cambio de rumbo para la protección del derecho a la información en la nación". ''Javier Milei, alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política'', aseguran.
Convocaron a ese cuerpo para poner en tratamiento los proyectos con dictamen en la comisión de Previsión Social. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario y dirigente de derecha José Luis Espert, convocó a ese cuerpo para poner en tratamiento los proyectos de movilidad jubilatoria que ya tienen dictamen en la comisión de Previsión Social.