Los culpables de la denominada Noche de los Lápices, donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes, Banfield y Brigada de Lanús, han sido condenados a cadena perpetua hoy por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata tras un proceso judicial de diez años.
Argentina26 de marzo de 2024
Sures Noticias
El exministro de Justicia de Buenos Aires, Jaime Lamont Smart, y el médico Jorge Antonio Bergés, fueron dos de los condenados a cadena perpetua más destacados del día. También recibieron penas Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Juan Miguel Wolk y Horacio Luis Castillo.
Además, Julio Condioti fue sentenciado a 25 años de cárcel y Enrique Barre fue absuelto. El represor Miguel Etchecolatz, implicado en los mismos crímenes, falleció antes de ser condenado. Todos ellos operaron en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, bajo la jurisdicción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El caso, que se elevó a juicio por primera vez en abril de 2012, incluyó como querellantes a las Abuelas de Plaza de Mayo, junto con los nietos recuperados Carlos D’Elía, Victoria Moyano Artigas, Pedro Nadal, María José Lavalle Lemos y su hermana María Lavalle, y Laura Garack, quien aún busca a su hermano o hermana desaparecido; así como a Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, y Graciela Borelli Cattaneo, hermana de una víctima uruguaya del Plan Cóndor.
Abuelas acusó a los imputados de privación ilegal de la libertad y torturas a 23 embarazadas y una madre secuestrada con su hijo, así como de la sustracción, retención y ocultamiento de diez nietos, siete de los cuales ya han recuperado su identidad.
La causa conocida como Pozo de Banfield, que lleva el nombre de la brigada de esa ciudad, trató 442 casos e investigó crímenes contra 253 víctimas: en el Pozo de Quilmes, 181; y en "El Infierno", sede de la Brigada de Lanús, 62.
El debate se centró en investigar privaciones ilegales de la libertad, aplicación de torturas, homicidios, desapariciones forzadas, sustracción, retención y ocultamiento de niños nacidos en cautiverio, y delitos contra la integridad sexual.
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El dato se desprende de las 343 sentencias dictadas hasta hoy, desde el reinicio de los juicios en 2006. Un año antes la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En la actualidad hay 14 juicios en curso y casi 400 procesados. Las personas privadas de la libertad son 612 y casi 500 permanecen en arresto domiciliario.
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