Los culpables de la denominada Noche de los Lápices, donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes, Banfield y Brigada de Lanús, han sido condenados a cadena perpetua hoy por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata tras un proceso judicial de diez años.
Argentina26 de marzo de 2024
Sures Noticias
El exministro de Justicia de Buenos Aires, Jaime Lamont Smart, y el médico Jorge Antonio Bergés, fueron dos de los condenados a cadena perpetua más destacados del día. También recibieron penas Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Juan Miguel Wolk y Horacio Luis Castillo.
Además, Julio Condioti fue sentenciado a 25 años de cárcel y Enrique Barre fue absuelto. El represor Miguel Etchecolatz, implicado en los mismos crímenes, falleció antes de ser condenado. Todos ellos operaron en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, bajo la jurisdicción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El caso, que se elevó a juicio por primera vez en abril de 2012, incluyó como querellantes a las Abuelas de Plaza de Mayo, junto con los nietos recuperados Carlos D’Elía, Victoria Moyano Artigas, Pedro Nadal, María José Lavalle Lemos y su hermana María Lavalle, y Laura Garack, quien aún busca a su hermano o hermana desaparecido; así como a Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, y Graciela Borelli Cattaneo, hermana de una víctima uruguaya del Plan Cóndor.
Abuelas acusó a los imputados de privación ilegal de la libertad y torturas a 23 embarazadas y una madre secuestrada con su hijo, así como de la sustracción, retención y ocultamiento de diez nietos, siete de los cuales ya han recuperado su identidad.
La causa conocida como Pozo de Banfield, que lleva el nombre de la brigada de esa ciudad, trató 442 casos e investigó crímenes contra 253 víctimas: en el Pozo de Quilmes, 181; y en "El Infierno", sede de la Brigada de Lanús, 62.
El debate se centró en investigar privaciones ilegales de la libertad, aplicación de torturas, homicidios, desapariciones forzadas, sustracción, retención y ocultamiento de niños nacidos en cautiverio, y delitos contra la integridad sexual.
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El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
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Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
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El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
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La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.