Ley Penal Juvenil. Incorporan la figura de “resguardo institucional”, por el cual un menor “no podrá externarse por su propia voluntad”

La nueva normativa, que recibió casi el apoyo unánime del cuerpo legislativo (exceptuando a la izquierda y el todismo k), incluye un capítulo especial con reglas para menores –no punibles– en casos de delitos graves. Así, se introduce la medida de “resguardo institucional”, que implica que el menor “no podrá salir por su propia voluntad”, aunque no es coercitiva y tiene plazos establecidos por la ley.

Al celebrar la aprobación de esta norma, resultado de una amplia consulta con diversos sectores, operadores del sistema y miembros del Fuero Penal Juvenil, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, afirmó que la “normativa aporta claridad” y “permitirá abordar de mejor manera una realidad compleja”, en declaraciones vertidas en Diario Perfil Córdoba.

La funcionaria destacó que la ley sobre el proceso penal juvenil “representa una respuesta con un fuerte sentido de realidad”, sin sacrificar el rigor técnico. “El consenso alcanzado en el cuerpo, aprobado prácticamente por unanimidad, es el resultado de un trabajo de construcción colectiva, donde valoramos las contribuciones de todos los bloques parlamentarios”, subrayó.

La posición oficial a través de un comunicado de la Legislatura Provincial

Tras un largo debate, los legisladores sancionaron este miércoles la ley de Procedimiento Penal Juvenil, y la reforma a la ley 9.944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba.

 
En su tercera sesión ordinaria del 147° período legislativo, este miércoles 5 de marzo la Legislatura de Córdoba trató y aprobó dos proyectos de ley vinculados con la niñez y la adolescencia, iniciados por los legisladores Miguel Siciliano, Julieta Rinaldi y Victoria Busso. Ambas iniciativas se aprobaron por amplia mayoría de los parlamentarios, luego de debatirse en comisiones durante varios meses.

 
Las nuevas normativas apuntan a mejorar el sistema integral de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Córdoba, y a ofrecer más herramientas al Estado para garantizar el resguardo y la reinserción social de los menores en conflicto con la ley penal. 

La sesión fue encabezada por la vicegobernadora, Myrian Prunotto. Durante un tramo del pleno, asumió el manejo el presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres Lima. Luego Prunotto retomó la conducción de la sesión.

Además del oficialismo, acompañaron ambos proyectos los bloques de la oposición (Unión Cívica Radical, Frente Cívico, PRO y Construyendo Córdoba) y también la mayoría de los bloques unipersonales.

Una de las leyes aprobadas es la de Procedimiento Penal Juvenil de la provincia de Córdoba. Deroga toda disposición que se oponga a la presente o establezca un estándar de tutela inferior a los trazados en esta normativa. 

La otra modifica y deroga diversos artículos de la ley 9.944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Córdoba. En definitiva, se trata de una reforma de la ley 9.944, que había sido sancionada en mayo de 2011. 

Desde el oficialismo, la legisladora Victoria Busso fundamentó las nuevas leyes. Expresó al respecto: “Se necesitaba dotar de reglas claras a los poderes Ejecutivo y Judicial, y de procedimientos eficientes vinculados al delito juvenil, a fines de continuar garantizando los derechos de niños, niñas y adolescentes”. 

Las leyes se sancionaron con aportes de especialistas en niñez y adolescencia; funcionarios de la Justicia; representantes de organizaciones de la sociedad civil; universidades; y los propios legisladores, entre otros actores. Para esto, se concretaron numerosas reuniones y mesas de trabajo organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano provincial y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependencias estatales que también realizaron aportes.

Ejes principales 

En cuanto a la ley de Procedimiento Penal Juvenil (para quienes, al cometer un hecho delictivo, tengan menos de 18 años de edad), sus ejes principales son: 

Establece reglas generales sobre este procedimiento, y diferencia el tratamiento a dar a menores punibles y no punibles.
Garantiza el debido proceso. Fija objetivos, plazos y proporcionalidad en las medidas aplicadas, estableciendo quién debe controlar su cumplimiento.
Estipula el resguardo institucional excepcional para adolescentes no punibles (medida a aplicar solo en casos estrictamente necesarios y bajo las garantías del debido proceso).
Implementa medidas progresivas para la reintegración social. Sistema de intervención gradual que permite evaluar la evolución del adolescente a lo largo del proceso.
Crea una Mesa de Seguimiento y Control de las Políticas Públicas, conformada por miembros de los distintos poderes del Estado, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Deberá monitorear la aplicación de la ley y proponer mejoras en la implementación de las medidas socioeducativas.
 
 
Asimismo, entre otras cosas la nueva ley contempla, de parte del Estado, el acompañamiento comunitario de los menores; procesos de mediación; atención temprana; supervisión en territorio y libertad asistida; medidas socioeducativas no privativas de la libertad y resguardo institucional (en establecimientos que garanticen la tutela); detención domiciliaria de manera excepcional (cuando haya razones médicas o situaciones que motiven al cuidado parental); y herramientas tendientes a abrir oportunidades para desarrollar proyectos de vida.

Debido proceso y reintegración social

Los autores de la ley de Procedimiento Penal Juvenil indicaron que se trata de un marco normativo que “garantiza el debido proceso y prioriza la reintegración social de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal”. 

Dijeron que viene a actualizar la legislación provincial en consonancia con los estándares internacionales, y a brindar respuestas eficaces y diferenciadas a la problemática. 

Sobre la ley, Siciliano destacó: “Tratamos de brindarle a la Justicia, al Poder Ejecutivo y centralmente a los jóvenes en conflicto con la ley penal y a la comunidad en su conjunto una herramienta que nos permita abordar de la mejor manera posible las situaciones que involucran a los jóvenes cuando ingresan al mundo del delito”.

En cuanto a la reforma de la ley 9.944, entre otras cuestiones pretende ampliar la participación comunitaria; fomentar un rol activo en la promoción y los derechos de los niños y adolescentes; elevar la capacidad de respuesta de la Senaf ante las problemáticas de los menores; y dar más protagonismo al Consejo Provincial de Adolescentes, brindando también más líneas telefónicas para apoyo y atención.