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En un país donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte, el sistema de salud argentino ha recibido un duro golpe con la decisión del Gobierno de Javier Milei de recortar funciones del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y desmantelar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
Este programa, creado en 2016, era un pilar fundamental para garantizar la atención integral de pacientes con cáncer avanzado, especialmente en las provincias más vulnerables. La medida, que incluye la suspensión de la compra de opioides como morfina y metadona, así como el despido de gran parte del equipo especializado, ha generado una ola de indignación entre profesionales de la salud y familiares de pacientes que dependen de estos servicios esenciales.
El Programa Nacional de Cuidados Paliativos no solo se encargaba de proveer medicamentos esenciales para aliviar el dolor severo, sino que también formaba recursos humanos interdisciplinarios y ofrecía apoyo a equipos de atención en todo el país.
Según denuncias de profesionales como la doctora Mariana Pechenik, referente del programa, el recorte ha dejado al programa sin capacidad operativa, con solo dos de sus ocho integrantes originales. Esta reducción drástica pone en riesgo el acceso a cuidados paliativos, un derecho humano fundamental reconocido por la Organización Mundial de la Salud, afectando directamente la calidad de vida de miles de personas que enfrentan enfermedades terminales.
Las consecuencias de esta decisión son alarmantes. Sin la provisión de opioides, los pacientes con cáncer avanzado enfrentan un aumento del sufrimiento físico, mientras que la falta de formación de nuevos especialistas agrava la ya escasa cobertura en cuidados paliativos en Argentina, donde solo el 14% de quienes los necesitan los reciben.
Además, el desmantelamiento se enmarca en un recorte presupuestario más amplio: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que el INC sufrió una subejecución del 55% de su presupuesto en 2024. Este ajuste no solo compromete la atención actual, sino que también hipoteca el futuro de las políticas oncológicas en el país.
Organizaciones como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) han expresado su preocupación por la falta de respuestas oficiales del Ministerio de Salud, que hasta ahora no ha desmentido las denuncias ni ofrecido un plan alternativo. La interrupción de estas políticas también afecta leyes como la de Oncopediatría (2022), cuyos avances peligran ante la reducción de recursos.
Mientras tanto, trabajadores de la salud han convocado a una marcha el 27 de febrero para defender el sistema público, visibilizando el descontento frente a lo que consideran un abandono estatal.
Posición del gobierno:
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, utilizó su cuenta de la red social X para asegurar que no había recortes en el presupuesto del programa oncológico que maneja eI Instituto Nacional del Cáncer (INC).
"Todos los programas y medicamentos están garantizados por el Ministerio de Salud. No se suspendió ni se va a suspender ningún programa oncológico", escribió Lugones en X.
Y agregó que: "A la hora de hablar de compra de opioides es importante tener en claro que son compras hospitalarias propias de cada una de las instituciones de la salud. Entonces, alcanza con preguntarle a los hospitales públicos si hubo faltantes. La respuesta es NO. No pidieron más porque tenían stock.
Fte El Economista
