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En el discurso de apertura del 147 período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Martín Llaryora informó que la provincia cerró el 2024 con un superávit del 1,2%, fruto de una reducción integral del gasto superior al aplicado por el gobierno nacional.
Para su diagnóstico, Llaryora se apoyó en el reciente informe publicado por IARAF, que indica que la Provincia logró una reducción del del 7.8% respecto del PBI provincial, comparado con el 7.2% de la Nación.
“Estamos a solo tres puntos del 25% fijado por el Pacto de Mayo, mientras que la Nación se encuentra a ocho puntos de esa meta”, dijo y agregó: “Que quede claro: nosotros hemos bajado el gasto público más que la propia Nación y hemos priorizado el crecimiento de la infraestructura y los programas de contención social”, recalcó.
El gobernador sostuvo que este esfuerzo fue reconocido por calificadoras internacionales como Moody’s, que mejoró la calificación de nuestra deuda pública debido a la fortaleza de nuestras finanzas.
“Estos datos concretos e inobjetables son una fuerte respuesta para quienes ponen en duda el enorme esfuerzo que los cordobeses y su gobierno hicimos este año para sostener la esperanza que los argentinos depositaron en el gobierno nacional. Miren ustedes si no hemos hecho un tremendo esfuerzo para ayudar a la bajar la inflación”, dijo.
Este superávit fiscal es fruto de medidas que el gobierno provincial debió tomar al comienzo de su gestión a partir de la decisión del gobierno nacional que optó por desentenderse de muchas de sus obligaciones en materia de salud, educación, obras y contención social.
Estas medidas adoptadas al comienzo de la gestión, explicó Llaryora, permitieron que su gobierno pueda hacerse cargo del Fondo de Incentivo Docente que debe financiar Nación y que constituye casi el 10% del salario docente; de programas sociales y de salud que dejaron de ser financiados, como así también de las transferencias que por ley le correspondan a Nación para la Caja de Jubilaciones.
El mandatario también puso como ejemplo la interrupción de Nación a los subsidios al transporte y la interrupción de la obra pública.
Así, la política de ajuste de Llaryora no sólo permitieron acompañar las políticas fiscales de Nación, sino también garantizar el desarrollo de la obra pública provincial y amortiguar el impacto social y económico que estas medidas nacionales.
Además, Llaryora enfatizó que la Provincia logró mantener el orden fiscal sin desentenderse ni trasladarle a los municipios, responsabilidades que son del gobierno provincial. “Hoy lo puedo decir mirándolos a los ojos a los intendentes presentes, en cada pueblo y ciudad de la provincia hay una obra en marcha o programada, de manera conjunta. Por eso, en Córdoba no paramos”, enfatizó.
En este sentido, Llaryora informó que continuará aplicando medidas de austeridad que, sin alterar los servicios, permitan que Córdoba siga progresando sin poner en riesgo el delicado equilibrio fiscal, para lo cual informó la prórroga por un año más de la reducción salarial de un 25 por ciento para el gobernador, y del 15 por ciento para el resto de los funcionarios, a la vez que invitó a los legisladores a que se sumen a esta medida. Y anunció que en los próximos meses reducirá en un 30% el número de agencias existentes en el organigrama del Estado provincial.
