Veredicto del juicio ABO V donde se juzga a 5 genocidas imputados por los delitos cometidos contra 384 víctimas del terrorismo de Estado

El expolicía del Servicio de Informaciones de Santa Fe cuenta con tres condenas -una de ellas firme- y está procesado en una causa. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario señaló que no existe un derecho a la prisión domiciliaria y que la edad mayor de 70 años no es una pauta que deba evaluarse de manera exclusiva para su otorgamiento. Dispuso su traslado a una cárcel federal.

Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.

Veinticuatro exmilitares y expolicías de la provincia están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 232 víctimas, de las cuales 84 continúan desaparecidas. En el juicio se investigan crímenes de lesa humanidad que tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la jefatura policial tucumana y en las instalaciones del ex Ingenio Nueva Baviera, que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966.

Mientras que algunas regiones logran mantenerse a flote gracias a inversiones en sectores clave, otras se ven sumidas en una profunda crisis debido a la caída del consumo.

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato convocó a una reunión informativa para el martes al mediodía. Cabe recordar, que recientemente, a propuesta de Unión por la Patria, se votó una moción de apartamiento de reglamento para que se incluyera en el temario el proyecto de la diputada Gisela Marziotta que apunta a expulsar a los seis diputados libertarios involucrados en el escándalo. La moción fue rechazada por legisladores cómplices de las políticas negacionistas del gobierno libertario.

Aproximadamente 2,3 millones de jóvenes de 25 a 35 años residen con sus padres o abuelos debido a la escasez de opciones de vivienda, según lo indica un estudio privado.