Esta situación se ha visto agudizada por el reciente paro realizado por el gremio judicial, que marca su segundo cese de actividades en un corto período de tiempo. Los dirigentes de este sindicato han hecho pública su intención de implementar nuevas medidas de protesta si no se satisfacen sus demandas en un futuro cercano.
Córdoba07 de mayo de 2025
Sures Noticias
Por otro lado, el Sindicato de Empleados Públicos ha comenzado a llevar a cabo protestas significativas debido a la falta de respuestas concretas a sus reclamaciones salariales. Este grupo ha convocado a una movilización programada para el próximo jueves, lo que indica una voluntad de continuar su lucha por mejores condiciones de trabajo y salarios más equitativos.
En el ámbito educativo, los docentes han llegado a un acuerdo que implica un incremento salarial del 18% que se aplicará hasta el mes de agosto. Sin embargo, este acuerdo ya ha sido calificado como insuficiente, especialmente a la luz de la reciente inflación que alcanzó un 3,7% en marzo. Este aumento en el costo de vida ha generado descontento entre los educadores, quienes ven cómo sus salarios particulares se ven erosionados por el aumento de los precios, lo que impulsa la necesidad de nuevas negociaciones y, potencialmente, otras acciones de protesta en el sector.
La combinación de estos factores demuestra un clima laboral y social tenso, marcado por un descontento creciente ante las políticas salariales y laborales en la provincia.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.