Esta situación se ha visto agudizada por el reciente paro realizado por el gremio judicial, que marca su segundo cese de actividades en un corto período de tiempo. Los dirigentes de este sindicato han hecho pública su intención de implementar nuevas medidas de protesta si no se satisfacen sus demandas en un futuro cercano.
Córdoba07 de mayo de 2025
Sures Noticias
Por otro lado, el Sindicato de Empleados Públicos ha comenzado a llevar a cabo protestas significativas debido a la falta de respuestas concretas a sus reclamaciones salariales. Este grupo ha convocado a una movilización programada para el próximo jueves, lo que indica una voluntad de continuar su lucha por mejores condiciones de trabajo y salarios más equitativos.
En el ámbito educativo, los docentes han llegado a un acuerdo que implica un incremento salarial del 18% que se aplicará hasta el mes de agosto. Sin embargo, este acuerdo ya ha sido calificado como insuficiente, especialmente a la luz de la reciente inflación que alcanzó un 3,7% en marzo. Este aumento en el costo de vida ha generado descontento entre los educadores, quienes ven cómo sus salarios particulares se ven erosionados por el aumento de los precios, lo que impulsa la necesidad de nuevas negociaciones y, potencialmente, otras acciones de protesta en el sector.
La combinación de estos factores demuestra un clima laboral y social tenso, marcado por un descontento creciente ante las políticas salariales y laborales en la provincia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.