
La medida llega en el natalicio de Eva Perón, mostrando la línea del gobierno libertario de anunciar estos hechos autoritarios en fechas emotivas para el peronismo. Convocan a abrazar en su defensa a la casa del Instituto Juan Domingo Perón.
La fiscalía también solicitó la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos y que se accionen los medios para la pérdida definitiva del estado policial. La representante del MPF destacó el rol de la policía y el aporte relevante que desde ese lugar tuvo en el plan de aniquilamiento durante el terrorismo de Estado. El acusado había sido reconocido por la víctima mientras testimoniaba en un juicio anterior.
Argentina11 de mayo de 2023La auxiliar fiscal Gabriela Sosti pidió ayer al Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín que condene a la pena de diez años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos al expolicía Roberto Álvarez por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos durante el terrorismo de Estado en perjuicio de Aixa Bona, integrante de la organización Montoneros, quien había reconocido al acusado cuando éste testificó en un juicio anterior. La representante del MPF solicitó asimismo que en la sentencia se inste a los organismos correspondientes a la pérdida definitiva de estado policial, que el imputado conserva por su condición de efectivo retirado.
El tribunal está compuesto por Matías Alejandro Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín, quienes dieron inicio a la audiencia pasadas las 9.00, que se desarrolló de forma presencial, con excepción de la jueza, que intervino por medios virtuales. La jornada comenzó con el alegato del Ministerio Público Fiscal y finalizó con los alegatos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Álvarez, exjefe de la Delegación San Martín de la Policía Federal entre 1979 y 1980, llegó acusado por su responsabilidad como autor por los hechos calificados como privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos cometidos por ser funcionario público, agravados al tratarse la víctima de una perseguida política. El imputado había sido identificado por la víctima en una de las audiencias del juicio donde se condenó a prisión perpetua a cinco militares de inteligencia por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en 1979 y 1980 contra 94 militantes de Montoneros durante la denominada "Contraofensiva".
Alegato del MPF
En el comienzo de su exposición, la auxiliar fiscal caracterizó a los hechos como “un eslabón más de la cadena de crímenes masivos de agresión definitiva a la humanidad, planificados y perpetrados por el aparato genocida”. Agregó que fue un sector del país que “quería eliminar los derechos conquistados por las clases populares, por los y las trabajadoras” y que “el solo intento de sostener o querer defender esos derechos era razón suficiente para la eliminación”.
Sosti destacó que en las anteriores sentencias dictadas en juicios por hechos vinculados quedó acreditada “la función que tuvo el aparato de inteligencia liderada por el Ejército, para que sea efectivo el plan de exterminio”, y que ese aparato “se dedicó a cazar, torturar y asesinar a militantes de la organización Montoneros, que en esos años llevaron adelante la acción militante conocida como Contraofensiva”.
En ese sentido, remarcó el rol de la expolicía acusado, “que vino a ser un aporte inestimable al plan de aniquilamiento” y que “durante el último genocidio trepó a la cima del horror”. “Sus avezados torturadores habitaron los quirófanos y hacían estallar las bombitas de luz de Campo de Mayo con el manejo de la picana”, sostuvo, y agregó que “integrantes de la Policía Federal dieron su presente en cada centro clandestino donde el dolor y la muerte iban al unísono”.
De esta manera, destacó que “para entender mejor el rol que empeño Álvarez y su empatía con el plan de exterminio, es importante repasar que el rol que desempeñó toda la policía en Defensa IV [la zona militar que tenía su jefatura en la guarnición Campo de Mayo] fue el de responder a las necesidades que determinaba el Ejercito para el despliegue del exterminio: integrar las patotas de secuestro y los lugares de cautiverio y tormento; habilitar las comisarias como centros clandestinos; e integrar la comunidad de inteligencia”.
Por último, describió las condiciones de detención que le hizo padecer Álvarez a Aixa Bona: “Falta de alimentación, falta de higiene, falta de atención sanitaria, de asesoramiento jurídico, incomunicación prolongada, ausencia sobre su destino, son algunos ejemplos de tormentos”, sostuvo. “Todos ellos se verificaron en este caso, pero además la tortura física concreta del engrillamiento de las heridas que le produjo esto y del tratamiento vejatorio, obligándola a dormir en el piso engrillada con la luz prendida”, indicó Sosti y remarcó que “no hay ningún elemento que impida declarar la culpabilidad y ninguna causal, justificación o excusa para su accionar”.
Según ya fue acreditado judicialmente, Aixa Bona fue detenida el 27 de agosto de 1980, llevada a Campo de Mayo y luego trasladada en un auto a la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina. En 2020, durante el juicio "Contraofensiva", declaró que durante ese trayecto reconoció a Álvarez -que iba acompañado de otro individuo al que no pudo identificar- cuando el ahora acusado le sacó la capucha y se puso a conversar con ella, y le informó que su compañero seguía detenido en Campo de Mayo. Bona permaneció por una semana aproximadamente en la dependencia policial de la que Álvarez era el jefe, sin que se le diera de comer y esposada de los pies a un catre. Finalmente, fue trasladada a la unidad carcelaria de Devoto y recuperó su libertad en diciembre de 1983.
La medida llega en el natalicio de Eva Perón, mostrando la línea del gobierno libertario de anunciar estos hechos autoritarios en fechas emotivas para el peronismo. Convocan a abrazar en su defensa a la casa del Instituto Juan Domingo Perón.
La jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ha decidido procesar a seis integrantes de la Armada Argentina por incurrir en actos de violencia institucional y de género en un lamentable incidente ocurrido durante un entrenamiento antidisturbios. Este hecho tuvo lugar el 4 de abril de 2025 en la Jefatura Militar de Vicente López y tuvo como víctima a Brisa Páez, una joven marinera voluntaria de tan solo 21 años.
De acuerdo con un análisis de Fundar basado en información oficial, los salarios reales han disminuido aproximadamente un 30% desde su máxima en 2017 y ya no aseguran la posibilidad de escapar de la pobreza. Este problema impacta de manera particular a sectores como la industria, la agricultura, la construcción y el servicio doméstico.
En tan solo 16 meses de gobierno, se documentaron más de 200 casos de violencia contra periodistas en Argentina. Un informe del Observatorio de la Palabra Democrática expone una sistemática avanzada contra la libertad de prensa, con el poder político como principal agresor y el propio presidente Javier Milei como figura central de los ataques.
El Gobierno impulsa la desafiliación en los sindicatos de ARCA y la Aduana, ofreciendo una opción digital en medio de un intenso conflicto debido a la disminución de los salarios. Los sindicatos están considerando llevar esta situación a la justicia y a la OIT.
Por decisión de la Comisión de Disciplina, el Consejo de la Magistratura postergó nuevamente el tratamiento del escandaloso viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en el que participaron jueces federales, empresarios del Grupo Clarín y ex agentes de inteligencia. Crecen las críticas por la inacción.
En la antesala del Día Internacional de los Trabajadores, múltiples organizaciones sindicales, políticas y sociales del FIT de Córdoba convocan a una movilización y acto bajo el lema: “Primero de Mayo: con los trabajadores, no con el FMI”. La cita es el miércoles 30 de abril a las 18:30 horas en la intersección de Colón y General Paz.
Más de 40 expertos en derecho laboral se encontraron en un formato híbrido para discutir estrategias frente a la criminalización de la protesta, la autonomía sindical y la negociación colectiva. Esto ocurrió en el contexto de la amenaza libertaria por una nueva reforma laboral.
La jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ha decidido procesar a seis integrantes de la Armada Argentina por incurrir en actos de violencia institucional y de género en un lamentable incidente ocurrido durante un entrenamiento antidisturbios. Este hecho tuvo lugar el 4 de abril de 2025 en la Jefatura Militar de Vicente López y tuvo como víctima a Brisa Páez, una joven marinera voluntaria de tan solo 21 años.
Periodistas, académicos y familiares de víctimas expusieron la gravedad del panorama actual para la libertad de prensa y expresión en Argentina en el evento "La libertad de expresión en época de tiranía y crueldad". La violencia simbólica, judicial y física ejercida contra comunicadores y trabajadores de la educación fue el eje del debate.
Este 24 de mayo se conmemoran 50 años de la histórica fuga de 26 presas políticas de la cárcel del Buen Pastor en Córdoba, un acto que simboliza la resistencia y la lucha contra el terrorismo de Estado.
La medida llega en el natalicio de Eva Perón, mostrando la línea del gobierno libertario de anunciar estos hechos autoritarios en fechas emotivas para el peronismo. Convocan a abrazar en su defensa a la casa del Instituto Juan Domingo Perón.
El medio del grupo Clarin más influyente del interior del país atraviesa una situación crítica que sus propios trabajadores denuncian como desesperante. Sueldos indignos, reducción de personal y un rumbo incierto ponen en jaque al medio centenario.
La causa Civili (nombre de la víctima) dará inició su proceso el proximo 12 de mayo, en el Tribunal Oral Federal N°3, con Ernesto Guillermo Barreiro como único imputado por delitos cometidos en 1978.