Desde la Asociación Civil Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo reclaman por la paralización de la causa “Amuchástegui y otros sobre delito de contaminación ambiental”, radicada en la Cámara 7ma del crimen. Manifestaron a través de las redes sociales que el pasado viernes 10 de agosto se presentaron con su nuevo abogado, al Dr. Germán Matheu de la Fundación Lucadesa (Lucha contra la Contaminación Ambiental en defensa de la Salud). El resto de las y los querellantes del barrio, incluidos nuestros hijos, siguen con el patrocinio del Dr. Nayi.
Córdoba18 de agosto de 2018
Sures Noticias
Con motivo de dar visibilidad, movilizar la causa y exigir fecha para la causa Amuchástegui y delitos de contaminación ambiental realizaran un Barbijazo este miércoles 22 de agosto en Tribunales II a las 12 hs.
Texto del comunicado emitido por la Asociación Civil Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo
El próximo 22 de agosto se cumplen 6 años de la primera condena en Argentina, América Latina y el mundo a un productor y un aeroaplicador por el delito de poner en peligro la salud de la población con fumigaciones agrotóxicas. Sin embargo, el 2do juicio por hechos que también pusieron en peligro la salud de una población declarada en emergencia sanitaria, se encuentra paralizado hace casi 5 años en la Cámara 7ma del crimen. En esta causa, además de los ya condenados, el productor Francisco Parra y el aeroaplicador Edgardo Pancello, también están imputados los empresarios Javier y Fernando Amuchástegui, directivos de la empresa Tecnocampo S.A., (con sede central en Montecristo), la ingeniera agrónoma Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya (también aeroaplicador). La causa se encuentra radica en la Cámara 7ª del Crimen, presidida por Victor Velez.
Para movilizar la causa hemos incorporado como abogado del grupo al Dr. Germán Matheu, abogado de la Fundación LUCADESA, confiando en que podamos realizar un trabajo mancomunado para que se realice efectivamente el juicio, porque la justicia que es lenta no es justicia. Y en nuestro barrio cientos de personas siguen padeciendo las consecuencias de la contaminación sin contar con tratamientos a las y los afectados, sin equipos médicos especializados para un seguimiento de cientos de personas expuestas y con enfermedades y afectaciones varias asociadas a la contaminación agrotóxica.
Los defensores de los condenados han interpuesto muchos recursos para que la condena del 2012 no quede firme pero no lo lograron. En 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Provicia ratificó la sentencia con una ejemplar argumentación en la resalta el bloque normativo que sostiene la figura del delito de peligro, reconoce la declaración de la emergencia sanitaria del barrio y advierte sobre la falta de controles de parte del estado, en especial del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, que nos tiene en estado de abandono pese a que el juicio puso a luz pública los testimonios de las afectaciones a nuestra salud y de nuestras familias y vecinos. En 2017 esta condena también fue ratificada por la Corte Suprema de la Nación.
La condena del año 2012 en la causa Gabrielli y otros, al productor Parra y el aeroaplicador Pancello se estaría cumpliendo según información brindada sin detalles en la ventanilla del Juzgado de Ejecución de Sentencia N°2 a cargo de Cristóbal Laje, 8hs de trabajo no remunerado en hospitales públicos e inhabilitación de registros, sin embargo no nos consta aún dónde ni cómo están cumpliendo la condena, algo que también exigimos conocer públicamente, como parte de las medidas que son necesarias para reparar la salud y la memoria colectiva por el delito que cometieron en el barrio. El 2do juicio no puede seguir esperando.
Sabemos que tenemos toda la verdad de nuestro lado, y el respaldo del TSJ y la Corte Suprema en la condena anterior, ya es hora que la Cámara 7ma del Crimen ponga fecha para que se haga justicia.
A nivel internacional acompañamos la lucha global contra Monsanto y celebramos la histórica condena a la multinacional de los agrotóxicos por ocultar la toxicidad del glifosato y lograr así la aprobación así tanto en EEUU como en Argentina y toda la región. Al igual que el tribunal de California, exigimos que el Poder Judicial actúe en vida de las y los querellantes, porque algunos ya han fallecido.
Llamamos también a la solidaridad de las luchas en nuestro país y toda América Latina, de madres y maestras, de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, de investigadores independientes en las universidades públicas que defienden los derechos a la vida, la salud y el ambiente y le dicen no a los agrotóxicos en el agua ni en nuestros alimentos, ni el aire ni la luvia ni en la tierra donde juegan y estudian nuestras hijas e hijos, nuestras nietas y nietos, que le dicen no a los desmontes y exigen la erradicación de silos y depósitos de agrotóxicos del medio de pueblos y ciudades, de fábricas de químicos y biocombustibles y termoeléctricas y depósitos de residuos de agrotróxios en medio de barrios y áreas pobladas. Basta de agrotóxicos en la sangre de nuestras niñas y niños, basta de enfermar y poner en peligro a las actuales y futuras generaciones, basta de la invisibilización del problema por parte de los ministerios de salud y ambiente y las cámaras empresariales y de profesionales.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.