Distintos partidos opositores solicitaron ser incluidos en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el máximo órgano de conducción política de la alianza opositora, donde actualmente sólo están representados el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal.
Argentina25 de agosto de 2022
Sures Noticias
La diputada nacional Margarita Stolbizer, presidenta del partido GEN, se refirió por redes sociales al encuentro que mantuvo ayer la Mesa Nacional de JxC y aseguró que “olvidaron invitar” a su partido.
“Es importante la manifestación contra la corrupción pero a esta foto y a su comunicación les falta algo: olvidaron invitar al partido GEN y defender la educación y la salud frente al brutal ajuste del Gobierno. Salir de la grieta mostrando que podemos ser mejores”, posteó Stolbizer por redes sociales, aludiendo a la foto que se tomaron ayer los referentes partidarios presentes en el encuentro de la Mesa Nacional.
La legisladora forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados presidiendo su propio bloque, de cuatro integrantes, denominado Encuentro Federal.
Asimismo, la alianza Acuerdo Federal, referenciada entre otros en Ricardo López Murphy y Pedro Braillard Poccard, también elevó una nota a la conducción de Juntos por el Cambio pidiendo un lugar en la Mesa Nacional.
Solicitaron "ser parte integrante de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio", considerando "la representatividad de las ideas liberales y republicanas” de su agrupación política.
A estos pedidos también se sumó el diputado nacional Alberto Asseff, presidente del partido UNIR, quien en el mismo sentido elevó una nota a la conducción de la coalición opositora donde solicita “formalmente la incorporación como miembro pleno de nuestro partido en esa Mesa Nacional”.
“Es indispensable ampliar y desplegar JxC para cimentar un cambio de ciclo, del populismo empobrecedor a un rumbo de prosperidad y de libertad”, concluye Asseff.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
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