Familiares de víctimas del represor multicondenado Miguel Etchecolatz repudiaron hoy el fallo de la Cámara de Casación que le otorgó la prisión domiciliaria al genocida y afirmaron que con esa resolución los jueces "volvieron a desaparecer a sus familiares".
Argentina 09 de junio de 2022
Sures Noticias
"Repudio la decisión de los jueces que le dieron la domiciliaria a un genocida. Hoy siento que con este fallo los jueces volvieron a hacer desaparecer a nuestros familiares, los vuelven a ocultar en las tinieblas", dijo a Télam Marta Úngaro, hermana de Horacio Úngaro, uno de los estudiantes secuestrados y desparecidos en el hecho conocido como "La Noche de los Lápices".
La mujer expresó que Miguel Etchecolatz "tiene que recibir toda la atención médica que requiera, pero debe cumplir hasta el último día de condena en cárcel común y efectiva".
"Etchecolatz aún nos tiene que decir dónde está Clara Anahí Mariani (la beba apropiada tras asesinar a su madre en La Plata), dónde está el cuerpo de mi hermano y dónde está Jorge Julio López", puntualizó la mujer.
Marta afirmó que pensaba que "con las condenas teníamos un poquito de justicia, pero no, no puede ser que la justicia nos haga pagar de esta manera".
"Repudio que le concedan la domiciliaria, que pueda estar en su casa gozando de ese beneficio, Etchecolatz es un anciano, pero es un genocida; es un anciano pero es un asesino y debe estar en cárcel común, perpetua y efectiva, asistido por médicos pero en ese lugar", añadió.
También expresó su repudio Rubén López, uno de los hijos del albañil Jorge Julio López, quien declaró como sobreviviente de la dictadura en 2006 en el juicio al genocida, y durante el cual desapareció por segunda vez.
En declaraciones a Télam, Rubén Lopez sostuvo que el fallo le causa "tanta bronca que no sé qué decir sin caer en el insulto, que es lo que correspondería decir".
Recordó que "en el 2017 empezamos con una domiciliaria y Etchecolatz terminó de vacaciones dos meses en Mar del Plata".
"Hay jueces que parecen delincuentes. Esto me causa indignación, sobre todo porque hace 15 días otro tribunal dictó una condena a perpetua para Etchecolatz y hoy le dan la domiciliaria", afirmó.
El exjuez Carlos Rozanski, expresidente del Tribunal Oral Federal 1 platense que condenó a Etchecolatz por genocidio en el 2006, escribió en su cuenta de Twitter que "tres jueces argentinos acaban de firmar una resolución que manda a su casa a Etchecolatz. El domicilio de los genocidas debería ser siempre la cárcel. No es una cuestión de edad, es una cuestión moral".
La Cámara Federal de Casación Penal concedió entre ayer y hoy al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, entre los que se encuentra el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien tiene varias sentencias a cadena perpetua, por lo que se estima que no se hará efectiva la domiciliaria.
La resolución que beneficia a Etchecolatz fue adoptada en el marco de la causa en la que se encuentra procesado por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años ejecutado en septiembre de 1976, a metros de la Plaza Moreno de La Plata, por un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones.
Para concederle el arresto domiciliario al represor, los jueces consideraron que tiene 93 años y que, como planteó su defensa, su salud sufrió un deterioro por la supuesta falta de recursos del Servicio Penitenciario Federal para poder asistirlo debidamente.
El abogado Pablo Llonto, representante de la querella, se había opuesto a que se le concediera tal beneficio, e incluso aseveró que "las patologías presentadas por Etchecolatz se encuentran tratadas adecuadamente" y resaltó que "el hecho de que se encuentre actualmente en el Sanatorio en Merlo es prueba de que se puede garantizar su derecho de acceso a la salud".
Mediante un comunicado firmado por los titulares de APA, APLA, APTA y UPSA, los dirigentes apuntaron al Gobierno de Javier Milei y enfatizaron que "el achicamiento implica una pérdida de soberanía, lo que tendrá efectos concretos sobre la destrucción de trabajo argentino y la entrega de la aviación a compañías extranjeras".
Desde las primeras horas del día, el gobierno desplegó fuerzas de seguridad en los accesos al Conicet, al Servicio Meteorológico Nacional, al Ministerio de Educación, la Cancillería, la Secretaría de Trabajo y el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros organismos. "El gobierno nacional es quien actúa fuera de la ley con estos excesivos dispositivos de seguridad instalados en cada organismo público", afirmó el líder de ATE, Rodolfo Aguiar.
La cartera de Defensa, que encabeza Luis Petri, despidió a 10 de los 13 trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, programas cruciales para las políticas de promoción y protección de los derechos humanos en el país, así como de la democratización de las fuerzas armadas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad hizo públicos los elementos que llevaron a la condena a prisión perpetua dictada para el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el expolicía de la Comisaría 1era de Berazategui, Juan Humberto Keller, por el homicidio de un hombre y los secuestros y torturas a los que fueron sometida su tía, sus primos menores de edad y su medio hermano. Impulsado por la fiscalía, analizó diferentes conceptos que influyen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
Milei, disfrazado de militar, así se expresó en Tierra del Fuego, adonde viajó para reunirse con la general del Ejército norteamericano y jefa del Comando Sur, Laura Richardson. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella no recibió a Richardson.
El llamado es a movilizarse el martes 23 de abril. La iniciativa se confirmó luego de que las autoridades académicas debatieran acerca del sentido de la universidad pública, el presupuesto y la situación salarial de las y los trabajadores de las casas de estudio.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
Convocada en defensa de la Universidad Pública, será en las principales ciudades del país: Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Villa María y en otras ciudades del país. En Córdoba la marcha partirá a las 11 hs. desde el monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y se dirigirá al Patio Olmos, donde se leerá un documento. La jornada de lucha se extensiva durante todo el día. Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba no participara de la movilización en Córdoba.
El evento se llevó a cabo en el museo de Antropología, de 15 hs a 20 hs, en Córdoba. El mismo estuvo organizado por la Red de DDHH en contexto de encierro Córdoba, red que se gestó en el año 2023, conformada por diversas organizaciones sociales, familiares de detenidos y espacios universitarios que trabajan con el tema pertenecientes a la universidad Nacional de Córdoba.
La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.