En el marco de la continuidad de acciones por la democratización de la Justicia, el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH – Córdoba organiza la Jornada de diálogo “Soberanía, Justicia y DDHH. El caso Lago Escondido”. Con la presencia de la Dra. María Magdalena Odarda. Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y ex Senadora Nacional junto representantes locales. La cita es el 24 de mayo a las 19 hs. en el CISPREN: Obispo Trejo 365
Córdoba22 de mayo de 2022
Sures Noticias
La Dra. María Magdalena Odarda es la actual Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Abogada, Magister en Políticas Públicas y Gobierno UNRN, Senadora Nacional MC.
María Magdalena Odarda (Córdoba, 8 de diciembre de 1965) es una abogada especializada en derecho de familia y política argentina que actualmente se desempeña como presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Tras recibirse de la Universidad Nacional de Córdoba se mudó a la localidad de Sierra Grande en la provincia de Río Negro. Allí fue docente y asesoró a diferentes gremios. Tiene un posgrado en Derecho Constitucional.
En 1999 llegó a ser concejal en la ciudad de Sierra Grande; en el 2000 asesora legislativa y en el 2003 legisladora provincial representando al ARI.
En 2013, tras atravesar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y obtener 18% de los votos,1 fue elegida Senadora Nacional representado a la minoría de Río Negro por la Alianza Frente Progresista, con el 26,28% de los votos.
En 2015, fue candidata a gobernadora por el Frente Progresista por la Igualdad y la República, obtuvo el tercer lugar, con el 10% de los votos.
Fue presidenta de la Coalición Cívica ARI Río Negro, hasta 2017 , en esa fecha conformó su propio partido provincial, denominado RIO.5, desde 2019 se sumó al Frente de Todos
En diciembre de 2017, el semanario "Parlamentario" volvió a destacar y reconocer a Odarda como una de las «legisladoras más laboriosas del país».
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.