La Gremial de Abogados señalo las responsabilidades políticas en la causa y acusó al Gobierno Nacional como directo responsable de la situación de detención de Facundo Molares.
Argentina 02 de diciembre de 2021
Sures Noticias
En su perfil de la red social Facebook la Gremial de Abogados hizo un repaso de la accione legales llevada a cabo en defensa del periodista y preso político Facundo Molares , la sintetizan en tres:
Pedido de excarcelación o arresto domiciliario, mientras tanto, reintegro de Facundo a la Unidad 14 de Esquel.
El Fiscal Actuante y el juez Otranto se opusieron a cualquier beneficio invocando la "peligrosidad" de Facundo.
Y esgrimiendo la presunción de que se fugue, a partir de que en Colombia, según el planteo de la fiscalía de aquel país, podrían corresponderle más de 40 años de prisión. LGA apeló esa decisión. En la audiencia ante la Cámara de Apelaciones, el propio Facundo explicó detalladamente su estado de salud.
Dado que la prisión preventiva se sustenta principalmente en el peligro de una fuga motivada en los años posibles de la pena, la LGA explicó, en lo básico y en lo pertinente a este caso, en el marco del proceso de Paz en Colombia y la Jurisdicción especial para la paz.
El Tribunal planteó que LGA esta impedida de meternos en esa cuestión (en un juicio o proceso de extradición la defensa tiene absolutamente impedido hacer planteos sobre la causa que origina el pedido en el país solicitante). Los jueces suelen replicar "eso vaya a plantearlo al país requirente".
LGA sostiene que existen alternativas a la prisión preventiva que garantizan la sujeción al proceso, pero que a eso debe sumarse la conveniencia de esas alternativas para resguardar la salud de Facundo. Ante esto, los jueces recordaron que su historias clínicas, tanto del Hospital Posadas como del Hospital del Cruce de Varela, aún, no han sido agregadas al expediente, prueba fundamental al momento de las audiencias.
LGA solicitó se haga lugar al recurso planteado y se revoque la resolución judicial. El Fiscal se opuso y pidió que se rechace el recurso y se mantenga a Facundo en las condiciones en que se encuentra. Casi sin argumentos y sin contestar nada de lo LGA planteo.
Habeas Corpus
El HC fue interpuesto ante el Juez Federal de Rawson invocando entre muchas otras consideraciones, que la internación de Facundo en la U6 implica un "agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención", sostuvo la LGA. El Juez de Rawson rechazó el HC y con la apelación de LGA se llegó a una nueva audiencia. La petición, se explayó en los argumentos y atacó duramente la resolución del juez que rechazó el Habeas.
El Tribunal le cedió la palabra a la abogada del Servicio Penitenciario Federal quien compareció acompañada por el jefe médico de la Unidad 6 de Rawson. La abogada del SPF se explayó hablando de las bondades y comodidades de la U6. Insistió en mentir diciendo que el traslado fue "una orden judicial" y habló mucho sobre la peligrosidad de Facundo, acuso la LGA. Incluso el médico rechazo todas las dolencias que Facundo mencionó,
Dijo que en la U 6 estaba perfectamente atendido, con permanente asistencia médica de distintas disciplinas, con excelente alimentación, etc. Hasta llegó a decir que "la atención en la U6 es mejor que la que tendría en su domicilio". El Fiscal solicito el rechazo al Habeas Corpus planteado por LGA.
Nulidades
Las defensas de Facundo interpusieron un planteo de nulidad del pedido de detención para el proceso de extradición, acompañando la correspondiente solicitud de libertad inmediata. La ley exige que la orden de detención contra el requerido en el país requirente debe emanar "de una autoridad judicial". Esa disposición es taxativa y no admite que se subsane. La orden de detención de Facundo emana de una fiscalía colombiana, entonces la solicitud de detención que realizó Interpol y ejecutó la Policía Federal Argentina está basada en un orden de detención emitida por una fiscalía.
El Fiscal de la causa pidió que se rechazara la nulidad de la defensa afirmando que "buscó en Google" y que ahí encontró que el nombre que figura en el pedido de Interpol es el de una jueza colombiana. señala el informe de LGA. La “Notificación Roja” de Interpol es clara: la orden de detención fue expedida por la Fiscalía 162 DECOC de Florencia (Caquetá). El Juez Otranto nada dijo de semejante despropósito, pero igual rechazó la nulidad, aseguran desde LGA.
Ante esto se interpuso un recurso de apelación contra la resolución del Juez Otranto. En la audiencia, los defensores de Facundo cuestionaron los argumentos de Otranto. "Nos cagamos en Google. Resulta grotesco que un funcionario del nivel de un Fiscal Federal pretenda sostener la detención de una persona basándose en una información obtenida en una búsqueda en internet que, además, contradice al único documento “legal” que sostiene esa prisión que, dicho sea de paso, es un formulario sumario hecho por algún oscuro funcionario policial (por más internacional que sea)".
Por lo tanto la defensa pidió a la Cámara que revoque la resolución del Juez Otranto, que se haga lugar a la nulidad del pedido de detención y que se ordene la inmediata libertad de Facundo.
LGA dio varios casos de jurisprudencia, inclusive la del otro Facundo, el Lonko, quien también fue detenido con fines de extradición y debió ser liberado por ser esa detención irregular. Recordaron que el Estado chileno debió volver a presentar el formal pedido y recién ahí volvieron a detenerlo y se realizó el proceso de extradición.
De manera que, en este caso, se les dijo que se debe proceder igual. Esto es, que hicieran lugar a la nulidad y lo dejaran libre a Facundo, no obstante esto rechazaron el recurso de la defensa.
LGA sostiene en el final del informe que la presencia del SPF en la audiencia del Habeas (sin tener obligación de comparecer) con el médico de la U6, deja en claro que es la política la que sabe bien lo que ocurre y consiente todo. O dicho de otra manera: es el Gobierno Nacional el responsable directo, señalan a la ex jueza ultra kirchnerista Dra. Garrigós de Rebori y al Ministro de Justicia, Dr. Martín Soria y por consiguiente al Presidente de la Nación Argentina.
Fuente: https://www.facebook.com/640407422730950/posts/4132456430192681/
A 4 meses de gobierno y sus políticas de desguace del estado, Milei recibió su primer pedido de Juicio Político, impulsado por Alicia Castro, Claudio Lozano, Adolfo Pérez Esquivel, el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, entre muchos otrxs firmantes.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad hizo públicos los elementos que llevaron a la condena a prisión perpetua dictada para el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el expolicía de la Comisaría 1era de Berazategui, Juan Humberto Keller, por el homicidio de un hombre y los secuestros y torturas a los que fueron sometida su tía, sus primos menores de edad y su medio hermano. Impulsado por la fiscalía, analizó diferentes conceptos que influyen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
“El Presidente tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata y se lo tenemos que demostrar. El día de su arribo deberían cortarse todas las rutas de Bariloche. A él sólo le interesa conversar con empresarios planeros con exenciones impositivas", dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
Esta medida había sido implementada durante la administración de Alberto Fernández y enfrentó fallos judiciales en contra.
“Recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular”. El comunicado emitido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario y H.I.J.O.S. Rosario indica que han denunciado un reciente acto de violencia dirigido a una activista de derechos humanos de dichas organizaciones, quien participa en procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad.
La validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que establece una desregulación sin precedentes en la economía argentina se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, que aún no ha definido una fecha para su tratamiento, mientras los legisladores opositores buscan garantizar el quórum frente un Congreso dividido, el oficialismo se concentra en conseguir apoyos para aprobar una nueva versión de la Ley Bases.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará el próximo sábado la inauguración de un microestadio en el Municipio de Quilmes por invitación de la intendenta local, Mayra Mendoza, y al ratificar su presencia en ese acto en un mensaje que publicó en sus redes sociales, consideró que el pueblo argentino “está siendo sometido a un sufrimiento inútil”, por parte del gobierno del presidente Javier Milei.
El tribunal integrado por los jueces Julián Falcucci, Fabián Asis y Noel Costa iniciará a las 9.30 la audiencia en la que escuchará las últimas palabras de los acusados, tras lo cual brindará su sentencia en lo que es el juicio número 14 por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de estado en la provincia mediterránea. Las organizaciones de Derechos Humanos como la Mesa de Trabajo por los DDHH y el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba convocaron a asistir a la lectura de la sentencia.
Más de 8.000 personas participaron de la propuesta conjunta realizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. El paso siguiente será la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura para oficializar el nuevo nombre del puente peatonal que une el Parque Las Heras-Elisa con la ex Plaza Austria.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.