La Coalición por una Comunicación Democrática Argentina presentó en el marco del 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información un nuevo documento programático.
Argentina 17 de mayo de 2021
Sures Noticias
De la lectura plural del documento participaron Guillermo Saucedo de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines – UCAyA, Irene Haimovichi del Sindicato de Prensa de Buenos Aires - SiPreBA / FATPREN, Alejo Demichelis Director de prensa de CTERA, Maribel Sánchez de Internauta - Asoc Argentina de Usuarios de Internet – Chaco, Pablo Antonini, Presidente Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Víctor Schajovitsch de la Asociación Argentina Teledifusores Pymes y Comunitarios (AATECO), Asociación Argentina Teledifusores Pymes y Comunitarios (AATECO), Gabriel Wainstein de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas (ARUNA), Larisa Kejval, Directora Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA, Milcíades Peña de Urbana TeVe / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), ARECIA, Tri Heredia del Colectivo Más Democracia - CCD Córdoba / Director de Sures Noticias, Masde Agencia y del Encuentro por los DDHH Córdoba, Carla Avendaño de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo - RedCom / UNC, Sergio Salinas Porto, Presidente Internauta,, Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Alfredo Moreno de Internet esencial, Virginia Colliavadino de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, Moises Rioja de Wayruro Comunicación, Sandra Poliszuk de la Univs Río Negro y Comahue.
Documento completo
17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
Mas concentración de mercado es menos democracia y menos trabajo. Democratizar es integrar y redistribuir.
Ante la emergencia que atraviesa al sector de las comunicaciones y de servicios TIC, destacamos su concepción como servicios esenciales por el impacto de la Pandemia, así como la necesidad de traducirla en políticas concretas para mejorar las condiciones de usuarias, usuarios, trabajadores/as y pequeños y medianos medios de comunicación y prestadores.
El pluralismo comunicacional viene sufriendo un estado de emergencia, que no logró revertirse en tiempos de Covid-19. Entre 2015 y 2019 se habían perdido 4000 empleos en los medios de comunicación (empresas editoriales, agencias de noticias públicas y privadas, radios, canales de televisión, imprentas, grandes y pequeños medios comerciales), lo que generó más situaciones de incertidumbre, pérdida del poder adquisitivo y precarización de los trabajadores existentes. Este escenario no es ajeno a la creciente concentración de los medios y las infraestructuras de las comunicaciones, que llegan a niveles nunca vistos en el pasado.
En este marco, ratificamos la defensa de las instituciones democráticas frente al ataque sistemático de estos grupos concentrados y sus representantes en el Poder Judicial, como se expresó recientemente en un vergonzoso fallo que en plena pandemia privilegia las ganancias de estos grupos frente a los derechos a la salud, educación y trabajo, entre otros.
Asimismo, señalamos:* La emergencia alcanza fuertemente a los medios y redes TIC Pymes, cooperativos y comunitarios ante un alto nivel de costos de tarifas mayoristas e insumos básicos como el papel para periódicos. Debe equilibrarse la cancha con reglas asimétricas en TIC y una normativa de fomento directo e indirecto que habilite la real sostenibilidad en competencia para todos los sujetos de la comunicación.
* Continúa pendiente la regularización del espectro de radio y televisión, sobre todo en las llamadas “zonas de conflicto”, donde permanecen sin acceder a licencias y legalidad cientos de medios de comunicación
comunitarios y locales.
* Entre otras cosas, esto limita seriamente el acceso al Fomento previsto en la Ley 26.522, que es necesario ejecutar en la totalidad del presupuesto que la normativa dispone y plazos razonables de instrumentación.
* También están ausentes voces diversas al incumplirse la obligación de incluir en la grilla de la TV paga a canales locales.
* Esas voces locales, pymes, cooperativas y comunitarias, sindicales, originarias, también requieren del respaldo de políticas activas para promover su acceso a las plataformas de transmisión de la Televisión Digital a fin de brindar sus servicios con una cobertura adecuada.
* La Argentina sigue careciendo de una Ley de Publicidad Oficial democrática y de carácter federal que reduzca la discrecionalidad del criterio de asignación.
* Resulta necesario potenciar las políticas públicas en comunicación, y en especial los recursos de los medios públicos y las Universidades Nacionales a efectos, no sólo de producir y coordinar campañas sanitarias y educativas, sino también de brindar servicios de calidad con mayor alcance y audiencias.
* La sostenibilidad de los medios argentinos está amenazada principalmente por la salida de capitales en publicidad y abonos digitales; con ello peligra el futuro de una comunicación democrática, diversa y con
pluralidad de voces. Vemos imperioso avanzar hacia la actualización de una regulación y tributación de los servicios de video a demanda, y plataformas de contenidos digitales de alcance global, que equilibren la
cancha de las obligaciones de prestadores audiovisuales y oxigenen la economía y las cadenas de valor de producción de ficción, no ficción y periodísticas nacionales.
* Para recuperar la producción nacional de bienes y servicios culturales, también deben revisarse y hacer cumplir las pautas de producción nacional, independiente y local de contenidos audiovisuales, sumadas a
las nuevas cuotas de catálogo e inversión que deben realizar las plataformas de música y video a demanda e intercambio de videos, que ya tienen millones de clientes en nuestro país.
* Afirmamos la importancia del acceso equitativo y con precios razonables al papel, principal insumo para los diarios y revistas. Es necesario retrotraer los aspectos regresivos de la reforma a la ley N° 26.736 realizada en
diciembre de 2018 y que la representación estatal en Papel Prensa adopte un papel activo en favor de los medios pyme y cooperativos.
* Obviamente, la frontera de la protección de las audiencias no puede estar delimitada por el caprichoso DNU 267/15 macrista, ni por la omisión de las nuevas plataformas de Internet. Debe recuperarse y actualizarse la
normativa de comunicación audiovisual para todos sus formatos.
* Deben respetarse los derechos de las audiencias y los usuarios, implementarse políticas de equidad de género, mecanismos deaccesibilidad para personas con discapacidad, tutelarse los contenidos publicitarios y evitarse los contenidos discriminatorios, de odio u ofensivos a la niñez e identidades vulnerables, en todas las comunicaciones, sea cual fuere el soporte por donde se distribuyan.
* Es indispensable una firme normativa de protección de datos personales en internet
INFRAESTRUCTURA TIC y TARIFAS SOCIALES O BASICAS
* Valoramos la revitalización de las políticas del Plan Nacional Conectar: que todas y todos los argentinos tengan Derecho a comunicarse, generando oportunidades concretas para la educación y el trabajo.
* En este sentido, la red de fibra óptica de ArSat, su servicio de comunicación satelital y complementarios, así como la total y efectiva puesta en valor de la Televisión Digital Abierta y gratuita son factores clave. * Es necesario que el Estado reconstruya su capacidad de intervenir en los servicios públicos para asegurar calidad de servicio y tarifas justas y asequibles
* Es necesario también el desarrollo de una infraestructura pública que garantice el acceso a las redes de telecomunicaciones en condiciones accesibles y no discriminatorias en todo el territorio nacional.
* La reacción corporativa de los grandes prestadores con la complicidad de algunos sectores del Poder Judicial al Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020, no puede conllevar al sostenimiento o agravamiento de
posiciones dominantes en el acceso a frecuencias radioeléctricas e infraestructura para negocios de telecomunicaciones y plataformas digitales. Por ello, a la vez de exhortar a que estos oligopolios se allanen a
derecho, reconociendo la atribución del Gobierno de regular precios de servicios como Internet y la telefonía móvil, TV paga abogamos por ampliar la mesa de decisiones con la participación de pequeños y medianos
prestadores, y profundizar las regulaciones asimétricas para una competencia efectiva de servicios en beneficio de la población.
* El derecho de acceso a servicios TIC nunca fue resuelto por “la competencia del mercado”: así lo demuestran el estado de las redes de comunicaciones y las desigualdades previas a la Pandemia. Llámese Prestación Básica Universal, tarifa o abono social o preferencial, deben tutelarse los derechos de acceso de los sectores más desprotegidos.
* Consideramos necesario el decidido impulso a los programas y políticas para garantizar conectividad a barrios populares y fomento de redes comunitarias.
* Si el macrismo dejó un organismo como el ENACOM con serias dificultades de regulación, fiscalización y control, es nuestra obligación apoyar todas las gestiones tendientes a fortalecer su rol, recuperando las potestades que el decreto 267/15 había restringido, y avanzando como el actual Gobierno dispuso hacia una mirada integral de servicios esenciales, con carácter público en competencia, para asegurar los derechos de la ciudadanía, de las audiencias y las usuarias y usuarios de servicios TIC.
* Asimismo, el pleno funcionamiento del Consejo Federal de la Comunicación, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI) y el Consejo Consultivo de Medios Públicos, entre otros, debe dotar de transparencia, participación y pluralismo una activa agenda a favor de los 45 millones de argentinas y argentinos.
POR UNA COMUNICACIÓN SOBERANA, INCLUSIVA, PARA TODES
▪ Apoyamos la condición de servicio público en competencia establecida por el DNU 690/2020, y la urgente implementación de una tarifa básica universal o abono social para los sectores con más necesidades de disponer de Internet y telefonía móvil asequible.
▪ Sostenemos la especificidad de los servicios de comunicación audiovisuales. Derogación de los aspectos del DNU 267/15 que limitan a la TV de pago como mera tecnología, y favorecen la concentración oligopólica.
▪ Plena vigencia y cumplimiento de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
▪ Efectiva puesta en valor, promoción y llegada a todo el país de la Televisión Digital Abierta y gratuita.
▪ Ley de Publicidad Oficial democrática y federal.
▪ Ley de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa para equilibrar la cancha de una verdadera competencia entre emprendimientos periodísticos comerciales, microPyMes y sin fines de lucro.
▪ Actualización de regulación y tributación de servicios de video a demanda, y plataformas de contenidos digitales. Cuotas de catálogo y visibilidad de contenidos nacionales, fomento a la producción y tutela de derechos de niñes y otres vulnerables.
▪ Plena disponibilidad de fondos FOMECA y de SERVICIO UNIVERSAL para atender cuestiones de conectividad, infraestructura social y medios comunitarios.
▪ Ley de representación justa de los géneros en Medios de Comunicación.
▪ Transparencia societaria y publicidad de información y balances económicos de medios audiovisuales, gráficos y digitales.▪ Garantía de acceso equitativo y con precios razonables al papel, principal insumo para los diarios y revistas.
▪ Restablecimiento de asignación específica de recursos para las industrias culturales. Modificación de cláusula que pone fecha de caducidad de fondos específicos en diciembre de 2022.
Coalición por una Comunicación Democrática - 17 de mayo de 202
En sintonía con la presentación del Documento la Coalición por una Comunicación Democrática lanzó la campaña en redes sociales "Que el pueblo no pague la fiesta de los monopolios" que incluyen, spot , placas y HTs
#LaConectividadEsUnDerecho #AccesoUniversal #DerechoAlaConectividad #diadeinternet #DíaMundialdelasTelecomunicaciones #DíaInternacionaldeInternet
El gobierno de Daniel Ortega tomó la decisión "frente a las reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos Gobernantes". "Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China", había dicho Milei durante la campaña.
Los titulares de Radio Nacional, TV Pública, RTA, Télam y de la gerencia Contenidos Públicos resaltaron que "los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana". Desde la Coalición por una Comunicación Democratica, Sindicatos de prensa y el Colectivo Más Democracia sumaron su rechazo.
El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, decidió convocar al inicio de huelgas sectoriales, que comenzarán en el Senasa y afectarán a todas las exportaciones.
Organizaciones de DDHH convocan el proximo 6 de diciembre a presenciar en las puertas del tribunal en Comodoro Py 2002 la lectura de la sentencia a las 9:30 hs.
Cecilia De Negre argumentó que la medida debería haberse dictado a través de una "ley formal", en lugar de un DNU. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La causa fue iniciada por la empresa Telecom
El 4 de diciembre asambleas territoriales, organizaciones, comunidades originarias y autoconvocades de todo el país se organizaron en forma conjunta en lo que será la primera Campaña Plurinacional Anti-extractivista, con el objetivo de instalar en la sociedad el concepto de extractivismo, vinculándolo con cada uno de las problematicas locales.
La información fue ratificada a través de la cuenta de X que difunde los anuncios del Milei. También se informó que Rodolfo Barra será el futuro Procurador del Tesoro de la Nación. "Seré implacable contra el crimen", prometió la excandidata a presidenta de JxC, al agradecer "la oportunidad de volver a servir a la patria".
Se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble donde funcionó el boliche y en el que murieron 194 personas. Para los sobrevivientes es el cierre de “una etapa importantísima y necesaria".
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba solicita colaboración en la búsqueda de Ana del valle Roldán.
En el marco de los 40 años de democracia y a 75 años de la declaración universal de los Derechos Humanos que se conmemora el próximo 10 de diciembre, el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba se manifestó por la Alerta Democrática ante la llegada a la Presidencia de la Nación de un nuevo presidente que no se expresa con firmeza a favor de la democracia.
El 8 de diciembre de 1977, el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA inició un operativo que terminó con la desaparición de Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Angela Aguad, Remo Berardo, Julio Fondevila, Patricia Oviedo, Horacio Elbert, Raquel Bulit, Daniel Horane, Leonie Duquet y Alice Domon.
El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, denunció al ex Presidente por infringir el artículo 212 del Código Penal, que reprime con pena de 3 a 6 años de cárcel "el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones", como es el caso de sindicatos y organizaciones que ejerzan legal y legítimamente su derecho a la protesta.
A escasas horas de la asunción del presidente libertario, Javier Milei, el CISPREN expresó preocupación por el acto de violencia contra Radio Nacional Córdoba. En horas de la tarde una persona arrojó intencionalmente una piedra hacia los vidrios del Auditorio causando roturas y huyó. En Tanto HIJOS denuncio amenazas hacia Fernando Albareda y su familia. El Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba repudio ambos hechos.
A 40 años de la recuperación de la democracia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, tal como lo viene realizando ante cada cambio de gobierno, expresó la importancia de avanzar en una de las grandes cuentas pendientes de estás décadas: adecuar el funcionamiento del sistema de justicia federal a los mandatos constitucionales.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron acreditada la participación necesaria del acusado en la sustracción de la víctima y su coautoría en la posterior retención y ocultación, después de que naciera en la maternidad clandestina que funcionó en la exEscuela de Mecánica de la Armada. "No hay dudas de que estamos antes los hechos más graves que la escala penal aplicable puede llegar admitir", sostuvieron.