Distintas organizaciones de Derechos Humanos y políticas "Repudiaron la decisión del partido Judicial de Argentina que confirmo, mediante lawfare, la condena a Milagro Sala"
Argentina09 de mayo de 2025
Sures Noticias
A través de un comunicado público el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba, expreso su profundo repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, mediante lawfare, confirmó la condena de 15 años de prisión, proscripción e inhabilitación absoluta contra la compañera Milagro Sala, líder del movimiento Tupac Amaru.
"Este fallo, firmado por los jueces insupremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consolida la persecución y el carácter de presa política de Milagro iniciada bajo el gobierno de Mauricio Macri, continuada durante la gestión de Alberto Fernández y sostenida en la actualidad por el gobierno de Javier Milei", señalaron
La unificación de sentencias, ordenada en 2023 por el exgobernador de Jujuy y carcelero Gerardo Morales, y los reiterados rechazos a los recursos presentados por la defensa de Milagro Sala evidencian el accionar del partido judicial para mantenerla como presa política, agergaron.
Por último manifestaron: Nos solidarizamos con Milagro Sala y la acompañamos en la lucha por su libertad. Apostamos a que su caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir este fallo que atenta contra la democracia y una de sus lideresas en Argentina. ¡Milagro Sala debe quedar libre!
En tanto el Colectivo Más Democracia denunció que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, mediante el uso del lawfare como herramienta de proscripción política que confirmó la condena de 15 años de prisión, es lisa y llanamanete proscripción e inhabilitación absoluta contra la compañera Milagro Sala, referente del campo nacional y popular.
Y agrefaron: Este fallo, avalado por los jueces insupremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no es un acto de justicia, sino una maniobra orquestada por un Poder Judicial al servicio de los intereses del capital concentrado. La sentencia consolida un modelo económico de acumulación y desigualdad que utiliza al partido judicial como instrumento para perseguir y silenciar a líderes populares.
Otras declaraciones:
La defensa
La defensa de Milagro Sala ha presentado una serie de recursos que revelan, de manera profunda, la manipulación del sistema judicial en Argentina con el aparente objetivo de mantenerla como presa política. Estos documentos y argumentos no solo subrayan la situación específica de Sala, sino que también abren un debate más amplio sobre la independencia del poder judicial en el país y su relación con las dinámicas políticas.
Milagro Sala, una destacada dirigente social y líder de la organización Tupac Amaru, fue arrestada en 2016 bajo acusaciones que la defensa sostiene son infundadas y motivadas políticamente. Estos recursos incluyen evidencias que apuntan a la falta de garantías procesales y derechos que deberían proteger a cualquier ciudadano en un estado de derecho. Por ejemplo, las apelaciones han enfocado su atención en la forma en que se gestionaron su arresto y su condena, señalando irregularidades en las pruebas presentadas y en la imparcialidad de los jueces involucrados.
La defensa también ha explorado el contexto socio-político que rodea su caso. Se alega que el accionar del "partido judicial" —una red de jueces, fiscales y funcionarios que operan en conjunto con intereses políticos— parece estar diseñado no solo para castigar a Sala, sino también para desarticular el liderazgo de movimientos sociales que cuestionan el status quo. En esta óptica, su encarcelamiento se convierte en un símbolo de la represión a la disidencia en Argentina, afectando no solo a Sala, sino también sirviendo como advertencia para aquellos que piensan en organizarse contra las injusticias.
Además, el contexto de su detención se da en un momento en que el gobierno de Mauricio Macri implementó políticas de austeridad que generaron protestas masivas en varios sectores. Sala se convirtió en un blanco particular, no solo por su activismo, sino también por su papel en la promoción de viviendas y políticas de bienestar social en Jujuy, que desafiaron directamente al poder establecido.
El análisis de estos recursos por parte de la defensa sugiere que hay una preocupación más extensa sobre el estado actual de la justicia en Argentina. No se trata solo del caso de una mujer que está tras las rejas, sino de un fenómeno más amplio que pone en tela de juicio la salud democrática del país. La utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política se ha documentado en múltiples contextos a lo largo de la historia, y el caso de Milagro Sala ofrece un ejemplo contemporáneo de estos problemas.
En síntesis, los recursos presentados por la defensa de Milagro Sala no solo ponen de relieve las irregularidades en su proceso judicial, sino que también plantean preguntas fundamentales sobre la autonomía del poder judicial en Argentina y su papel en la represión de la disidencia. La situación de Sala es emblemática de tensiones más profundas entre el poder político y el derecho, haciendo necesario un análisis crítico y reflexivo por parte de la sociedad civil y las instituciones democráticas.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Daniel Vera, docente jubilado de 64 años de Resistencia, Chaco, cumple seis meses bajo arresto domiciliario por publicaciones en Facebook que denunciaban el conflicto en Gaza y criticaban a figuras públicas como el presidente Javier Milei. La Justicia Federal, a cargo del juez Ariel Lijo, lo acusa de amenazas y apología al antisemitismo, pese a que la pena máxima es excarcelable y sus defensores denuncian persecución política.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.