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Se trata de Guillermo Ernesto Tschopp, denunciado en 2018 por la agrupación H.I.J.O.S Rosario por su presunta “participación en graves crímenes de lesa humanidad” perpetrados durante la última dictadura cívico militar.
El titular de la Unidad Fiscal que investiga violaciones a los derechos humanos, Adolfo Villate, solicitó la indagatoria de Tschopp en abril pasado -durante la feria extraordinaria por la pandemia de coronavirus- y el titular del Juzgado Federal número 4, Marcelo Bailaque, resolvió citarlo a declarar el 8 de julio próximo, indicaron a Télam voceros judiciales.
Desde la denuncia, el fiscal Villate “realizó una profusa recolección de prueba instrumental”, informó hoy la Unidad a su cargo a través de un comunicado.
“Se estudiaron 134 recursos de habeas corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo interpuestos por éstos”, consignó el funcionario judicial.
En total, el fiscal analizó “173 expedientes que tramitaron por ante la Justicia Federal rosarina durante la última dictadura cívico-militar”.
Para Villate, en la investigación hay elementos suficientes para citar a Tschopp a declaración indagatoria por su presunta participación primaria en los delitos cometidos en perjuicio de 63 víctimas del terrorismo de Estado.
La denuncia de la agrupación H.I.J.O.S menciona el caso de un detenido-desaparecido que luego de haber sido salvajemente torturado en el Servicio de Informaciones de la Policía local, “a fines de 1976 es trasladado y alojado en la cárcel de Coronda”, donde es visitado por el juez Tschopp.
“Ante la presencia de este magistrado (la víctima) denuncia las torturas y los apremios ilegales sufridos en el Servicio de Informaciones, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del consejo de guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo apremios”, sostiene la denuncia.
Recuerda la presentación del Ministerio Público que el detenido tampoco contó con una defensa y que firmó “todas las actuaciones estando tabicado (vendado)”.
De acuerdo con el documento, “luego del arsenal de denuncias realizadas por la víctima, el magistrado le contesta: ‘¿Usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?’”.
Además, Tschopp “le hizo saber (a la víctima) que las actas de estas declaraciones serían la base con la que él lo juzgaría”, y mientras el consejo de guerra militar lo condenó a 8 años y 7 meses de prisión, la pena “fue aumentada por la justicia federal en 10 años de prisión”.
El ex juez también fue acusado por “cajonear” decenas de habeas corpus presentados por familiares de víctimas y por avalar judicialmente los métodos ilegales del Terrorismo de Estado.
