La Mesa Provincial de DDHH de Córdoba expreso que en un nuevo aniversario de aquella jornada histórica nos encontramos en frente a una pandemia mundial que nos impide salir a la calle para reivindicar a aquellos dirigentes sindicales, referentes políticos y trabajadores y trabajadoras que lucharon por un país más igualitario. No obstante, mantenemos las consignas y la lucha de aquella gesta popular.
Córdoba29 de mayo de 2020
Sures Noticias
El pronunciamiento "A 51 años del Cordobazo", elaborado para la organización por el foro sindical de Mesa retoma las banderas y lucha de aquella gesta histórica.
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En este nuevo aniversario de aquella jornada histórica nos encontramos en frente a una pandemia mundial que nos impide salir a la calle para reivindicar a aquellos dirigentes sindicales, referentes políticos y trabajadores y trabajadoras que lucharon por un país más igualitario. No obstante, mantenemos las consignas y la lucha de aquella gesta popular.
Frente a la emergencia sanitaria debido al COVID-19 la medida más efectiva para el resguardo de la salud es la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero esto no puede ser motivo ni excusa para que se vulneren los derechos conquistados de las y los trabajadores, como está ocurriendo en Córdoba. A través de una política llevada adelante por el gobierno provincial que se empeña en aferrarse a recetas neoliberales que tienen como consecuencia la exclusión de la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, suspendiendo programas de empleo, despidiendo a trabajadores, actitud que es acompañada por el ejecutivo municipal.
Vemos hoy a un gobierno que, sin respetar decretos nacionales, derechos adquiridos y convenios colectivos, avanza sobre las y los trabajadores, tanto sobre aquellos con empleo formal, como también contra quienes se encuentran en situación de informalidad.
Las y los trabajadores como hacedores de la historia estamos convencidos que el momento por el cual está atravesando el mundo, en materia sanitaria, económica y política, nos convoca a tener una actitud responsable y a ser una vez más protagonistas. Pero el Panal como el Palacio municipal desconocen el rol protagónico que como trabajadores nos ganamos con nuestra historia de lucha y de manera unilateral y autoritaria toman decisiones, rompiendo todo tipo de diálogo con las organizaciones sociales y gremiales. Las y los trabajadores debemos ser convocados a participar de los espacios de diálogo y decisiones que involucran nuestra vida. Queremos discutir cómo se va a regular el nuevo mundo del trabajo, en la forma de teletrabajo, también participar de las decisiones en relación a la soberanía alimenticia de nuestro pueblo. El gobierno provincial y municipal de Córdoba, en este contexto crítico, ha gobernado en desmedro de las y los trabajadores, suspendiendo de manera unilateral en los programas PILA, PPP, Por Mi. En las últimas semanas ha recortado los haberes de los empleados públicos municipales, atropellando derechos conquistados a través de años de lucha y en clara oposición al espíritu del decreto presidencial que busca preservar los puestos de trabajo y salarios.
La semana pasada la legislatura, por pedido de ejecutivo,sancionó una vergonzosa reforma previsional que significa no solo el recorte sino también un cambio en las condiciones de jubilación. La reforma previsional llevada adelante no es más que un atropello a las y los trabajadores activos y pasivos, a quienes se pretende responsabilizar del desmanejo de la misma, y que ha servido de caja chica los gobernantes de turno. La caja de jubilaciones está intervenida por el ejecutivo desde hace 20 años, lo que trae como consecuencia que no cuenta con la participación en su administración de los representantes de trabajadores activos, ni tampoco de jubilados.
Frente a este atropello brutal, las y los trabajadores se vieron en la obligación de salir a la calle, poniendo en riesgo su propia salud y la de sus familias, para reclamar por sus derechos avasallados. La respuesta del gobierno provincial fue la criminalización de la protesta y la imputación de las y los dirigentes sindicales y militantes sindicales (UTA, SUOEM), mostrando una vez más su complicidad con la patronal que no abona el sueldo a sus trabajadores (AOITA, UTA,y un sin fin de privados). Rechazamos toda forma de criminalización de la protesta, la criminalización de los trabajadores de salud, la precarización de las y los trabajadores en general, y el uso de esta pandemia para reprimir y recortar salarios y jubilaciones.
Con el impuesto a las grandes fortunas se deben obtener recursos para la enfrentar la pandemia y no con los salarios y la precarización de las y los trabajadores ni tampoco con los ingresos del pequeño comerciante. Nuestro especial reconocimiento en este nuevo aniversario a las y los trabajadores de la salud, docentes y todos las y los trabajadores. Abogamos porque la energía, esencial en nuestra época, sea reconocida como un derecho humano y no una mercancía.
En este nuevo aniversario del Cordobazo, desde el foro queremos ratificar el derecho de los trabajadores a tener una vida digna, como lo hicieron estudiantes, trabajadores y la comunidad en general en mayo del 69. Hoy honrar a esa gesta popular y sus protagonistas, implica seguir sus legados bregando como entonces por la tan necesaria unidad de los trabajadores y el pueblo todo. La participación en la discusión de las decisiones sobre medidas que afectan las nuevas formas de producción es un Derecho. El trabajo y las condiciones laborales dignas son un Derecho Humano.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
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La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.