La Mesa Provincial de DDHH de Córdoba expreso que en un nuevo aniversario de aquella jornada histórica nos encontramos en frente a una pandemia mundial que nos impide salir a la calle para reivindicar a aquellos dirigentes sindicales, referentes políticos y trabajadores y trabajadoras que lucharon por un país más igualitario. No obstante, mantenemos las consignas y la lucha de aquella gesta popular.
Córdoba29 de mayo de 2020
Sures Noticias
El pronunciamiento "A 51 años del Cordobazo", elaborado para la organización por el foro sindical de Mesa retoma las banderas y lucha de aquella gesta histórica.
Texto completo
En este nuevo aniversario de aquella jornada histórica nos encontramos en frente a una pandemia mundial que nos impide salir a la calle para reivindicar a aquellos dirigentes sindicales, referentes políticos y trabajadores y trabajadoras que lucharon por un país más igualitario. No obstante, mantenemos las consignas y la lucha de aquella gesta popular.
Frente a la emergencia sanitaria debido al COVID-19 la medida más efectiva para el resguardo de la salud es la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero esto no puede ser motivo ni excusa para que se vulneren los derechos conquistados de las y los trabajadores, como está ocurriendo en Córdoba. A través de una política llevada adelante por el gobierno provincial que se empeña en aferrarse a recetas neoliberales que tienen como consecuencia la exclusión de la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, suspendiendo programas de empleo, despidiendo a trabajadores, actitud que es acompañada por el ejecutivo municipal.
Vemos hoy a un gobierno que, sin respetar decretos nacionales, derechos adquiridos y convenios colectivos, avanza sobre las y los trabajadores, tanto sobre aquellos con empleo formal, como también contra quienes se encuentran en situación de informalidad.
Las y los trabajadores como hacedores de la historia estamos convencidos que el momento por el cual está atravesando el mundo, en materia sanitaria, económica y política, nos convoca a tener una actitud responsable y a ser una vez más protagonistas. Pero el Panal como el Palacio municipal desconocen el rol protagónico que como trabajadores nos ganamos con nuestra historia de lucha y de manera unilateral y autoritaria toman decisiones, rompiendo todo tipo de diálogo con las organizaciones sociales y gremiales. Las y los trabajadores debemos ser convocados a participar de los espacios de diálogo y decisiones que involucran nuestra vida. Queremos discutir cómo se va a regular el nuevo mundo del trabajo, en la forma de teletrabajo, también participar de las decisiones en relación a la soberanía alimenticia de nuestro pueblo. El gobierno provincial y municipal de Córdoba, en este contexto crítico, ha gobernado en desmedro de las y los trabajadores, suspendiendo de manera unilateral en los programas PILA, PPP, Por Mi. En las últimas semanas ha recortado los haberes de los empleados públicos municipales, atropellando derechos conquistados a través de años de lucha y en clara oposición al espíritu del decreto presidencial que busca preservar los puestos de trabajo y salarios.
La semana pasada la legislatura, por pedido de ejecutivo,sancionó una vergonzosa reforma previsional que significa no solo el recorte sino también un cambio en las condiciones de jubilación. La reforma previsional llevada adelante no es más que un atropello a las y los trabajadores activos y pasivos, a quienes se pretende responsabilizar del desmanejo de la misma, y que ha servido de caja chica los gobernantes de turno. La caja de jubilaciones está intervenida por el ejecutivo desde hace 20 años, lo que trae como consecuencia que no cuenta con la participación en su administración de los representantes de trabajadores activos, ni tampoco de jubilados.
Frente a este atropello brutal, las y los trabajadores se vieron en la obligación de salir a la calle, poniendo en riesgo su propia salud y la de sus familias, para reclamar por sus derechos avasallados. La respuesta del gobierno provincial fue la criminalización de la protesta y la imputación de las y los dirigentes sindicales y militantes sindicales (UTA, SUOEM), mostrando una vez más su complicidad con la patronal que no abona el sueldo a sus trabajadores (AOITA, UTA,y un sin fin de privados). Rechazamos toda forma de criminalización de la protesta, la criminalización de los trabajadores de salud, la precarización de las y los trabajadores en general, y el uso de esta pandemia para reprimir y recortar salarios y jubilaciones.
Con el impuesto a las grandes fortunas se deben obtener recursos para la enfrentar la pandemia y no con los salarios y la precarización de las y los trabajadores ni tampoco con los ingresos del pequeño comerciante. Nuestro especial reconocimiento en este nuevo aniversario a las y los trabajadores de la salud, docentes y todos las y los trabajadores. Abogamos porque la energía, esencial en nuestra época, sea reconocida como un derecho humano y no una mercancía.
En este nuevo aniversario del Cordobazo, desde el foro queremos ratificar el derecho de los trabajadores a tener una vida digna, como lo hicieron estudiantes, trabajadores y la comunidad en general en mayo del 69. Hoy honrar a esa gesta popular y sus protagonistas, implica seguir sus legados bregando como entonces por la tan necesaria unidad de los trabajadores y el pueblo todo. La participación en la discusión de las decisiones sobre medidas que afectan las nuevas formas de producción es un Derecho. El trabajo y las condiciones laborales dignas son un Derecho Humano.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.