condena

La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba

Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre. Inicialmente la condena fue a 10 y 8 años de prisión.

Los implicados contactaban a jóvenes con dificultades económicas y los convencían de que podían ganar dólares con sus redes sociales si pagaban una suscripción y conseguían más gente. Los acusados reconocieron su responsabilidad en la maniobra, que afectó a por lo menos 29 personas, se obligaron a reparar a las víctimas y cesar su actividad en el marco de un acuerdo con la fiscalía. Además de la condena, se ordenó una reparación para los/as damnificados/as y sus familias.

Los agentes del D-2 fueron condenados por delitos de "privación ilegítima de la libertad, uso de violencia, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado". En discrepancia con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba dispuso la absolución de una ex funcionaria judicial y de una civil que habían sido señaladas por el falso testimonio que permitió la inscripción de una niña como hija de dos personas que no eran sus progenitoras.

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó hoy a 24 años de prisión por decisión unánime a tres ex tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1979 durante la última dictadura, entre ellos Ernesto "Nabo" Barreiro, sentencia que se unifica con la de prisión perpetua dictada en 2008.

Mario Alfredo Sandoval, inspector retirado fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad triplemente agravada por su condición de funcionario público, por haberse cometido con violencia y por haber durado más de un mes, en concurso real con la imposición de tormentos con el propósito de obtener información o quebrantar su voluntad, agravado por haber sido cometido en perjuicio de un perseguido político. La víctima fue secuestrada el 30 de octubre de 1976 y permaneció en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Organizaciones políticas y de derechos humanos y ciudadanía se movilizaron ayer en nuestra ciudad para expresar el "rechazo y repudio" a la condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio denominado "Vialidad" y consideraron que se trata de un "ataque a la democracia" por parte del "partido judicial y de la derecha argentina".