Organizaciones políticas y de derechos humanos y ciudadanía se movilizaron ayer en nuestra ciudad para expresar el "rechazo y repudio" a la condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio denominado "Vialidad" y consideraron que se trata de un "ataque a la democracia" por parte del "partido judicial y de la derecha argentina".
Córdoba07 de diciembre de 2022
Sures Noticias
La movilización, convocada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba, se realizó en la zona céntrica del espacio del Monolito Plaza Tosco de la ciudad de Córdoba.
Tri Heredia, vocero de la movilización e integrante del "Foro", sostuvo que a la sentencia condenatoria se llegó "sin pruebas", y que el único objetivo que se perseguía era el de la "proscripción hacia la persona con mayor representación política del país y en un claro ataque a la democracia".
Esos sectores se declararon en estado de "alerta y movilización en defensa de la democracia", además de exigir la "libertad de las y los presos políticos y el rechazo al partido del lawfare sostenido por la Corte Suprema de Justicia en nuestro país".
El Tribunal Oral Federal 2 condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
Foto Telam
En tanto el Frete de Todos de Córdoba anuncio hoy que se encuentra en alerta y reflexión y expresaron su repudio a la infame condena e intento de proscripción.
La diputada Gabriela Estevez explicó en Radio Nacional Córdoba la decisión de La Campora de desmovilizar
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 500 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
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Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
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La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.