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La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje dictó días atrás una sentencia que levanta la medida cautelar contra el proyecto del Perilago del Dique Cruz del Eje, permitiendo la continuidad total de las obras. Así lo denunció el comunicado público emitido este 24 de febrero por la Comunidad Indígena Tulián y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras, quienes expresaron "profunda desazón" por la decisión.
El texto critica la resolución por no ofrecer "fundamentos claros" que expliquen el levantamiento de la protección, pese a que el propio proceso judicial había reconocido el "alto valor ambiental" de la zona. En la audiencia del 12 de febrero, se expusieron además hallazgos arqueológicos y la "memoria histórica" del territorio, destacando su riqueza cultural y espiritual. "Nos encontramos ante una decisión que abre la posibilidad de una transformación profunda e irreversible", advierten los firmantes.
Tergiversación del consentimiento indígena: dudas sobre el amicus curiae
En la audiencia del 13 de febrero, solicitada por el Gobierno de Córdoba, se presentó un amicus curiae fechado el 6 de febrero que supuestamente otorga consentimiento indígena al hotel casino del perilago. Sin embargo, la CTA Autónoma de Córdoba denuncia su falta de autenticidad: uno de los firmantes, Eric Rojas, renunció al Consejo Provincial Indígena el 10 de febrero vía plataforma CIDI. El documento atribuye potestad exclusiva a Horacio Pereyra (Comunidad Toco-Toco), tergiversando la consulta previa colectiva por una autorización individual, sin membrete oficial ni sello institucional. "No hay consentimiento cuando se reemplaza la voluntad colectiva por una firma aislada", afirma la CTA, que incorporará pruebas al tribunal.
Cuestionamientos a la legitimidad indígena y posibles conflictos de interés
El comunicado original pone en duda la representación de otras comunidades del Consejo de Comunidades Indígenas de Córdoba, incluyendo el amicus curiae de Tay Pichín y Toco Toco, y la actuación de Horacio Pereira —empleado provincial que firmó la cesión del territorio a Lotería de Córdoba—. "Esta situación amerita una revisión profunda por sus posibles incompatibilidades", señalan.
Los impulsores del amparo ambiental colectivo —que sigue en trámite ante la misma Cámara y el Tribunal Superior de Justicia— reclaman el resguardo de derechos constitucionales al territorio, ambiente sano y consulta previa a pueblos originarios.
Determinación de continuar la lucha
Lejos de desanimarse, Tulián y la Asamblea reafirman su compromiso: "Continuaremos ejerciendo nuestro derecho a la defensa del territorio por vías legales, comunitarias y pacíficas. Seguimos de pie. Guardianes del monte, del agua y de la vida".
El proyecto del perilago, impulsado por Lotería de Córdoba, genera controversia desde hace meses por sus impactos en un área de alto valor ecológico en la región de San Marcos Sierras, Cruz del Eje.
