AMPARO

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y el socialista Esteban Paulón promovieron un amparo para suspender el DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia y convirtió a la SIDE en órgano central del sistema, con facultades propias de las fuerzas de seguridad. Sostienen que el decreto es inconstitucional, vulnera la división de poderes y abre la puerta a un modelo de Estado policial.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha decidido aceptar la acción de amparo interpuesta por más de 20 organizaciones sindicales en contra de las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Estos gremios sostienen que dichas normas conllevan a la «criminalización del derecho a huelga».

La central obrera presentó un amparo sindical ante el Juzgado Laboral N°3 para frenar la aplicación del decreto presidencial que amplía las actividades esenciales y limita las medidas de fuerza. Denuncian una violación a la Constitución y a tratados internacionales.

Lo dispuso el juez federal Enrique Lavié Pico, del fuero contencioso administrativo, al hacer lugar al planteo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que encabeza el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. También se aceptó tratar una presentación de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados.

Uno de ellos, presentado por el el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, consiste en una "acción declarativa de inconstitucionalidad" contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.

Esteban Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, aceptó la presentación de ATE y la CTA, junto al Observatorio de del Derecho a la Ciudad, que solicita la declaración de inconstitucionalidad de la medida del Gobierno de Javier Milei.