Lo dispuso el juez federal Enrique Lavié Pico, del fuero contencioso administrativo, al hacer lugar al planteo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que encabeza el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. También se aceptó tratar una presentación de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados.
Uno de ellos, presentado por el el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, consiste en una "acción declarativa de inconstitucionalidad" contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.
Esteban Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, aceptó la presentación de ATE y la CTA, junto al Observatorio de del Derecho a la Ciudad, que solicita la declaración de inconstitucionalidad de la medida del Gobierno de Javier Milei.
El proyecto oficial, que se prevé discutir en el Concejo Deliberante la semana próxima, consiste en el cerramiento de calles secundarias entre las 22 y las seis, mediante portones metálicos de dos metros. Además, habrá control de la circulación con el objetivo de reorientar el tráfico hacia las principales avenidas de la ciudad. Para ello se cerrarán las calles secundarias entre las 22 y las 6 mediante portones metálicos de dos metros de altura que restringirán el paso de vehículos y motocicletas.
El juez Alonso Regueira aceptó la solicitud de diversas organizaciones de la sociedad civil y ordenó al Ministerio de Justicia detener el desfinanciamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
El productor representó el 21% del precio final de venta. Según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los precios de los agroalimentos se incrementaron 3,9 veces desde el campo hasta la góndola durante diciembre.
Buscan a Carla Lourdes Vallejos Moyano, de 16 años desparecida en barrio Los Pinos y a Maria Teresa Vergara, de barrio Alta Córdoba.
La norma prohíbe ser candidatos y ocupar cargos a personas con condenas en segunda instancia. El proyecto, sancionado en la legislatura en diciembre pasado, obtuvo amplio respaldo del oficialismo y la oposición. La ley está en sintonía con la ficha proscriptica que impulsa el mileismo y el macrismo que intentan con un proyecto de ley, que se tratara en sesiones extraordinaria, vetar la candidatura de Cristina Fernandez de Kirchner