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En el marco del Festival Nacional de Folclore, que atrae miles de visitantes cada verano, las calles de Cosquín volverán a ser escenario de protesta. Organizaciones socioambientales, comunidades indígenas, artistas y autoconvocados llaman a participar en la 18ª Caminata Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida, programada para el viernes 31 de enero a las 19 horas, desde la esquina de San Martín y Obispo Bustos. La marcha, que cumple 18 años consecutivos, busca visibilizar las crisis socioambientales que afectan a Córdoba y el país, bajo consignas como "Frenemos el saqueo de los territorios" y "Proteger el agua y los territorios no es delito".
El agua, protagonista central de la convocatoria, enfrenta graves amenazas en Córdoba. Según el informe anual de la Secretaría de Ambiente de la Provincia (2025), los ríos como el San Antonio y el Cosquín presentan niveles elevados de contaminación por desagües cloacales y sedimentos de obras viales, agravados por el boom inmobiliario en la región serrana. "El avance desmedido de emprendimientos sin planificación impermeabiliza suelos, reduce la recarga de napas y genera desigualdad en el acceso al agua potable", advierten los convocantes, citando datos del Observatorio del Agua de la UNC que registran un aumento del 25% en el consumo hídrico en Punilla desde 2020, sin inversiones proporcionales en infraestructura pública.
La denuncia se extiende al modelo extractivista nacional. Los organizadores cuestionan el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley Bases de 2024, que otorga exenciones fiscales y ambientales a corporaciones mineras y energéticas por 30 años. "Es una entrega de bienes comunes que sacrifica el agua y vulnera derechos indígenas", señalan, respaldados por un informe de la ONU (2025) que alerta sobre el impacto en cuencas hídricas. Además, rechazan acuerdos con la empresa israelí Mekorot, que opera en más de diez provincias argentinas según datos del Ministerio de Economía, acusándola de privatizar recursos estratégicos.
Otro eje es la persecución a defensores ambientales. La marcha exige la absolución de activistas de Punilla y todo el país, judicializados por protestas contra mineras y desmontes. Argentina firmó el Acuerdo de Escazú en 2021, que obliga a proteger a estos líderes, pero su implementación es parcial: en 2025, Amnistía Internacional documentó al menos 15 casos de criminalización en Córdoba. "Basta de reprimir la protesta social", claman, sumando críticas a incendios intencionales en Patagonia –con 1,2 millones de hectáreas afectadas según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego– y ataques a sitios sagrados indígenas.
Los convocantes vinculan estas problemáticas a una "matriz capitalista extractivista" que, afirman, se replica en conflictos globales como Palestina y Venezuela. Reclaman la Ley de Glaciares intacta, el fin de mineras contaminantes y la salida de "intereses extranjeros" de Abya Yala. "Defender el agua es defender la vida y el futuro de las nuevas generaciones", concluyen en el llamado abierto a sumarse.
Adriana Arriaga, integrante de la Asamblea Ambiental de Cosquín en dialogo con Radio Universidad Nacional de Río Cuarto
