Las y los trabajadores exigen condiciones legales y dignas de trabajo más recomposición salarial junto al pase a planta. Marcharan este jueves 10 de octubre a las 17 hs. desde Alvear y Colon. Ayer recibieron el apoyo de la Multisectorial "Cordobazo".
Córdoba08 de octubre de 2019
Sures Noticias
En un comunicado expresaron pormenorizadamente la situación en la que se encuentran:
En el marco de las políticas de ajuste y vaciamiento de las políticas públicas llevadas a cabo a nivel nacional, el gobierno de la provincia de Córdoba se suma a dicha línea de recortes presupuestarios en áreas que intervienen las diversas problemáticas sociales que se encuentran en emergencia y que son sostenidas por trabajadorxs en condiciones sumamenteprecarias.
¡Frente a este escenario electoral, donde la gestiónp dispone de dinero para empapelar la provincia con coloridos carteles para sostener su campaña y no para generar condiciones dignas de trabajo, lxs trabajadorxs decimos basta! Decidimos hacer visible nuestra situación. El gobierno de la Provincia sostiene hace décadas y año tras año se profundiza cada vez más las formas irregulares de contratación afectando a la mayor parte de quienes a diario ejercemos el trabajo en la administración pública.
Las “Becas” y el “Monotributo” son las formas ilegales de contratación que decide el gobierno para sostener las políticas públicas. De esta manera no contamos con derechos consagrados hace más de 60 años. Comobecarixs y monotributistas no estamos incluidxs en convenios colectivos de trabajo,no contamos con vacaciones pagas, indemnizaciones por despidos arbitrarios. No contamos con la cobertura gremial para reclamar por nuestros derechos. En la provincia de Córdoba más del 40% se encuentra bajo estas condiciones laborales. Hay trabajadorxs que se encuentran en estado de ilegalidad hace más de 15 años!!!
Estamos convencidxs que la precarización es política de estado. Ante esta coyuntura decidimos reunirnos en asamblea las/os administrativas/os y profesionales de distintas áreas de los Ministeriosde Salud, Desarrollo Social y Justicia y DDHH.
¿Quienes somos?
- Somos profesionales y administrativxs quienes sostenemos e instrumentalizamos las políticas sociales y programas estatales que abordan las distintas necesidades de nuestra provincia. Somos quienes llegamos a los barrios y comunidades por programas como Vivienda Semilla, Vida Digna, Tarifa Social, Tarjeta Social, lxs que trabajamos con los sectores más vulnerables como lxs niñxs, jóvenes, adultes mayores y en situación de discapacidad. Somos quienes atendemos en las dependencias públicas por el acceso al programa Incluir Salud, quienes trabajamos problemáticas de extrema vulnerabilidad psicosocial, en la gestión de ayudas económicas y materiales en situaciones de emergencia, módulos alimentarios a pacientes con patologías crónicas. Somos quienes trabajamos en la Dirección de Hábitat, en la Dirección de Escrituración de las Viviendas. Somos quienes integramos los equipos técnicos de SeNAF. Lxs profesionales en los servicios penitenciarios, los servicios sociales de salud. Somos las que trabajamos con mujeres en situación de violencia de género. Somos las docentes del jardín maternal que realizamos tareas de cuidado de les hijes de trabajadorxs.
Somos profesionales formadxs y especializadxs que intervenimos frente a la multiplicidad deproblemáticas sin el reconocimiento de nuestros títulos universitarios ni tampoco los riesgos que implican dichas tareas. Somos trabajadores y trabajadoras que acompañamos a los sectores marginalizados para el acceso a políticas pública y paradójicamente somos quienes nos encontramos marginados dentro del Estado provincial. El gobierno de la provincia es el primer actor que vulnera derechos a trabajadorxs, manteniéndonos en la ilegalidad con salarios tres veces menores que el resto de los trabajadorxs que se encuentran bajo otro tipo de contrataciones y en planta permanente. En un contexto de inflación constante sobre los productos de la canasta básica de alimentos y de la vida en general y la ausencia de recomposición salarial acorde a la inflación, sin duda, nuestros ingresos se ven altamente devaluados quedando por debajo del nivel de pobreza afectando asimismo a nuestras economías familiares. Venimos con un largo recorrido de pedidos ante nuestras autoridades con el objetivo de regularizar nuestra situación laboral. Ante la falta de respuestas por parte de autoridades y el cierre de mesas de diálogo es que optamos por hacer visible públicamente nuestros reclamos.
¡Nos declaramos en Estado de Emergencia! Exigimos el reconocimiento de la cantidad de años que venimos trabajando para el estado. provincial Exigimos el pase a contrato y planta permanente. Exigimos condiciones legales y dignas de trabajo. Recomposicións salarial. Apertura de paritarias.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
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La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.