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Trabajadores del Hospital Garrahan, docentes universitarios y dirigentes gremiales y legislativos cuestionan al Gobierno por el incumplimiento de normas aprobadas por el Congreso. Legisladores opositores y sindicatos advierten sobre una denuncia judicial contra funcionarios del Gabinete.
El gobierno del presidente Javier Milei enfrenta una creciente tensión política y social tras suspender la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. Aunque ambas normas fueron promulgadas, el Poder Ejecutivo decidió postergar su implementación con el argumento de que el Congreso no asignó los recursos necesarios para su ejecución. Según el propio Milei, las leyes “carecen de respaldo presupuestario”, por lo que su puesta en marcha quedó “en revisión”.
La medida generó rechazo inmediato entre sectores de la salud, la educación y la oposición parlamentaria. En Buenos Aires, trabajadores del Hospital Garrahan realizaron un cacerolazo frente al centro pediátrico y luego marcharon hasta la Plaza de Mayo para exigir fondos que garanticen la Emergencia Pediátrica. En paralelo, docentes y no docentes de las universidades públicas llevan adelante un paro nacional para reclamar la aplicación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario. En la movilización porteña, ambos sectores confluyeron en una protesta conjunta en defensa del sistema público.
El conflicto escaló cuando la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que analiza convocar a un nuevo paro nacional. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, calificó de “falso” el argumento presupuestario del Gobierno y sostuvo que “es una cuestión de prioridades”. Según el dirigente, la suspensión simultánea de los fondos al Garrahan y a las universidades “expresa una decisión política deliberada de desfinanciar lo público”.
Desde el Congreso, distintos bloques legislativos repudiaron la decisión del Ejecutivo. El diputado Itai Hagman, de Fuerza Patria, acusó al Presidente de actuar “cada vez más como un monarca que como un mandatario republicano”. El legislador denunció que mientras se recortan recursos para hospitales y universidades, el Gobierno “regaló 1.500 millones de dólares a las cerealeras”.
El diputado socialista Esteban Paulón, de Encuentro Federal, anunció que ampliará la denuncia judicial contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Salud, Mario Lugones; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según Paulón, “el Gobierno no puede desobedecer leyes votadas y promulgadas: la postergación de su aplicación es lisa y llanamente un acto ilegal”.
La suspensión simultánea de ambas leyes reinstaló en la agenda pública el debate sobre la autonomía del Congreso y las prioridades fiscales del Ejecutivo. Mientras sindicatos y universidades organizan nuevas medidas de fuerza, la Casa Rosada enfrenta reclamos crecientes por la falta de inversión en áreas sensibles del Estado.
