Trabajadores del Hospital Garrahan, docentes universitarios y dirigentes gremiales y legislativos cuestionan al Gobierno por el incumplimiento de normas aprobadas por el Congreso. Legisladores opositores y sindicatos advierten sobre una denuncia judicial contra funcionarios del Gabinete.
En una contundente derrota política para Javier Milei, la Cámara alta reunió los dos tercios necesarios y restableció la vigencia de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, a pesar de los vetos presidenciales. La oposición consolidó su mayoría, mientras sectores universitarios y del Hospital Garrahan celebran la medida y el Gobierno enfrenta crecientes presiones internas y sociales.
Alertas en la universidad pública argentina. A pesar del feroz ajuste y la precarización impuesta por el gobierno de Javier Milei, la Universidad de Buenos Aires logró mantenerse en el top ten del ranking QS regional. Pero el informe advierte un franco deterioro en la investigación y la formación científica, con graves síntomas de vaciamiento en todo el sistema público. Argentina, que supo ser referente en acceso y calidad, hoy soporta una ofensiva inédita contra sus universidades que amenaza su futuro.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) aseguró que el supuesto incremento salarial del 7,5 % anunciado por el Ministerio de Capital Humano ya había sido acordado previamente con UPCN y aún no se aplicó. El único cambio es un bono único de 25 000 pesos por dedicación completa, y se ratificó el paro hasta el viernes.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.