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Avanzan las actuaciones en un caso emblemático sobre violencia institucional
La jueza federal María Romilda Servini citó a declaración indagatoria al cabo de Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, en el marco de la investigación por el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo durante una manifestación de jubilados en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió en el contexto de una protesta social, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron para dispersar a los manifestantes.
Según la resolución judicial, Guerrero deberá comparecer el 2 de septiembre para responder por el accionar que, según testigos y registros audiovisuales, puso en peligro la vida del reportero gráfico al emplear municiones y técnicas de dispersión no adecuadas ni proporcionales para la situación. La prueba clave será una pericia balística, dispuesta por la jueza, que buscará identificar datos técnicos fundamentales: la distancia desde la que se efectuó el disparo, el ángulo de impacto y la velocidad del proyectil.
En paralelo, y por considerar que existe riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, Servini ordenó la prohibición de salida del país para Guerrero hasta que se aclaren los hechos y concluya la etapa de instrucción. La medida busca preservar el proceso judicial y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.
Este caso reabre el debate sobre el uso de la fuerza en manifestaciones, la protección de los periodistas y el cumplimiento de los protocolos de actuación por parte de las fuerzas represivas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos y sindicatos de prensa manifestaron su preocupación y pidieron un pronto esclarecimiento, señalando la importancia de proteger el derecho a la información y la integridad de quienes cubren la noticia en escenarios de protesta social.
“La realización de la pericia balística será fundamental para determinar si se actuó con imprudencia, impericia o dolo eventual. Este tipo de circunstancias exigen el máximo rigor judicial, tanto por la gravedad de las lesiones sufridas como por el impacto social del caso”, explicó un especialista en derecho penal consultado para este informe.
La indagatoria y las medidas dispuestas por la jueza marcan una etapa decisiva en la causa, en la que se determinarán las responsabilidades penales individuales e institucionales sobre el accionar de Gendarmería en manifestaciones públicas.
